Hay que establecer la investigación de mercado como medio de obtención de información sobre las características y precios de los bienes y servicios a contratar, para estar en condiciones de tomar decisiones objetivas.
Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) indicó que, para disminuir la corrupción en la adquisición de bienes y servicios públicos, es necesario fomentar la participación de la figura de testigo social; contar con datos e información oportuna relacionada con sanciones y multas, así como profesionalizar a las personas servidoras públicas a cargo de los procesos de contratación.
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Durante su participación en el seminario internacional de contratación pública «Comprar bien, para vivir mejor», la funcionaria recordó que, en 2019 el gasto federal en compras públicas fue de 249 mil 432 millones de pesos y en 2020, de 477 mil millones. Lo que equivale a un crecimiento promedio anual de 9.71 por ciento, y en este último año, representó el 4.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Añadió que “deben ser planeadas y ejecutadas, prevaleciendo el beneficio de la población y considerando el mejor uso de los recursos; sin embargo, las cifras registradas por las dependencias y entidades de la administración pública federal evidencian que los criterios establecidos en el artículo 134 de la Constitución no imperan en los incentivos que se tienen que revisar para las contrataciones”.
La comisionada explicó que hay un protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, que responde a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Del Río Venegas destacó que para evitar la corrupción en la realización de contrataciones públicas, se debe fomentar la participación de pequeñas y medianas empresas, así como de empresas innovadoras. Igualmente precisó que hay que establecer la investigación de mercado como medio de obtención de información sobre las características y precios de los bienes y servicios a contratar, para estar en condiciones de tomar decisiones objetivas.
Es así que, la integrante del INAI expuso que existe un organismo garante, que cuentan con la herramienta de contrataciones abiertas, en las entidades de Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Asimismo, informó que el INAI trabaja en coordinación con los Sistemas Nacionales de Transparencia, Anticorrupción y Fiscalización, ya que todos funcionan en un mismo sistema electrónico con información armonizada.
Por su parte, el Comisionado Presidente del INAI en Chiapas, Hugo Alejandro Villar Pinto, dijo que aún persiste la idea de que las compras y adjudicaciones gubernamentales benefician sólo a un grupo de contratistas privilegiados, lo que contradice la normatividad en la materia.
De esta manera, Villar Pinto dijo que es importante “blindar los procesos, de modo que sean competitivos, accesibles, transparentes y evaluables; que sea posible la revisión de la ejecución de los recursos públicos de modo que no exista duda de cómo se gasta el recurso asignado, a quiénes se le asigna, y además si los servicios prestados, la obra entregada cumple con los requisitos de satisfacción para los cuales fueron destinados”.
Para concluir, Francisco Ciscomani Freaner, Consejero del INAI y Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, hizo hincapié en que en cada fase de la contratación debe haber un proceso transparente, que revele la subcontratación.
El consejero explicó que esto se podría observar a través de un único portal en internet, donde se aprecie la regulación aplicable, las partes interesadas en vender, los sistemas de búsqueda de precios en el mercado y los comparativos de estos.
Además, Ciscomani Freaner dijo que se debe tener un «orden jerárquico real para asegurar cadenas de rendición de cuentas bien definidas (…) de otra forma mucha gente está influyendo sobre la contratación posiblemente está haciendo las cosas mal y está realmente rompiéndose las cosas por la cadena más delgada que sería un funcionario o funcionaria de menor nivel”.
SVGP
