Investing.com – La Ley de Reducción de la Inflación, que probablemente será aprobada por el Congreso esta semana, contiene múltiples disposiciones que afectan a la industria de la energía en los EE.UU. A continuación se explica cómo los operadores e inversionistas en energía y empresas relacionadas pueden esperar que la legislación afecte al petróleo, el gas natural, así como a las acciones energéticas.
1. Créditos fiscales para iniciativas de captura de carbono, hidrógeno y biocombustibles
Estos créditos aparecen en áreas de la industria energética en las que los grandes productores de combustibles fósiles, como ExxonMobil (NYSE:XOM) y Occidental Petroleum (NYSE:OXY) están invirtiendo, sin ninguna expectativa de retorno a corto plazo. La tecnología de captura de carbono rentable está todavía a años de distancia de su aplicación, el mercado de los biocombustibles está todavía en pañales y el mercado del hidrógeno está aún más lejos.
Los grandes productores de petróleo y gas de Estados Unidos ganan dinero produciendo y vendiendo combustibles fósiles, pero pueden permitirse invertir en costosos proyectos de captura de carbono y en la investigación de biocombustibles que, con esta legislación, les permitirán beneficiarse de grandes exenciones fiscales. Las empresas de petróleo y gas más pequeñas no tienen dinero para gastar en iniciativas extravagantes que tal vez nunca sean rentables, por lo que no podrán aprovecharse de estas exenciones fiscales como pueden hacerlo las grandes petroleras.
Esto es relevante para los operadores e inversionistas porque los productores independientes de petróleo producen el 83% del petróleo y el 90% del gas natural de Estados Unidos, según la Independent Petroleum Association of America. Esta legislación dificultará aún más la competencia de las empresas más pequeñas y la entrada de nuevas empresas en el mercado. La producción de petróleo de Estados Unidos también podría verse afectada.
2. Créditos fiscales para los vehículos eléctricos
La legislación incluye lo que parece ser un crédito fiscal muy significativo para la compra de vehículos eléctricos (VE): 7,500 dólares. A primera vista, parece que podría suponer un importante estímulo para el sector de los vehículos eléctricos y podría hacer subir las cotizaciones de las empresas que los fabrican (como Tesla (NASDAQ:TSLA) y Rivian (NASDAQ:RIVN). Sin embargo, para que un vehículo eléctrico pueda acogerse a este crédito fiscal, la batería debe construirse en Norteamérica con minerales extraídos en Norteamérica o fabricados con materiales reciclados en Norteamérica. Es posible que los fabricantes de vehículos eléctricos encuentren la manera de eludir esta disposición, pero por ahora, la industria automovilística afirma que 50 de los 72 modelos de vehículos eléctricos, de hidrógeno e híbridos enchufables disponibles en Estados Unidos no podrán acogerse al crédito.
El crédito está diseñado para incentivar la fabricación nacional de baterías y la extracción nacional de minerales, como el cobalto, que son componentes de las baterías de los vehículos eléctricos. Sin embargo, los obstáculos para la construcción de fábricas de baterías y la apertura de nuevas minas son mucho más importantes de lo que puede satisfacer un crédito fiscal de 7,500 dólares. Los vendedores de vehículos eléctricos pueden encontrar una forma de eludir esta disposición, tal vez añadiendo una pieza de fabricación nacional a las baterías fabricadas en el extranjero y llamándolas «de fabricación norteamericana», pero por ahora, este incentivo fiscal no ayudará a vender más vehículos eléctricos. Los operadores que tengan en cuenta el creciente uso de los vehículos eléctricos en sus previsiones de demanda de petróleo no deberían esperar que esta legislación se traduzca en un aumento de las compras de vehículos eléctricos, al menos no a corto plazo. Los inversionistas que esperan que los ingresos de los vehículos eléctricos aumenten gracias a esta disposición deberían ser cautos.
3. Tasas sobre el metano
La legislación prevé la imposición de tasas a los productores de petróleo y gas por las emisiones de metano de sus operaciones. Las empresas que viertan o filtren metano a la atmósfera tendrían que pagar 900 dólares por tonelada en 2024 y las tasas aumentarían a 1,500 dólares por tonelada en 2026. Para ponerlo en contexto, es aproximadamente el doble del precio de mercado actual del gas natural. Los grupos ecologistas afirman que estas tasas empujarían a las empresas petroleras y de gas a reducir sus emisiones lo antes posible para evitarlas. Sin embargo, las tasas sólo se aplicarían a las empresas que no cumplieran con la normativa sobre metano de la EPA, y esta normativa aún no se ha finalizado y probablemente no lo hará hasta principios de 2023.
En la práctica, esto significa que algunas empresas estarán en gran desventaja. Entre esas empresas se encuentran las que no han implantado costosos sistemas de control del metano, no han construido sistemas para capturar y utilizar el metano como combustible para sus propias operaciones y no están conectadas a redes de tuberías que les permitan canalizar el exceso de metano al mercado del gas natural.
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También significa que los productores no podrán perforar rápidamente nuevos pozos y poner en línea la nueva producción como solían hacer en las regiones de petróleo de esquisto. Los productores estadounidenses de estas regiones solían poder responder a las fuerzas del mercado aumentando o disminuyendo la producción rápidamente. Con estas nuevas normativas, la producción no sólo costará más, sino que tardará más tiempo en ponerse en marcha, ya que habrá que disponer de más infraestructuras para tratar el metano antes de poder empezar a perforar. El Pérmico, o cualquier otra región de petróleo de esquisto que se descubra en el futuro, ya no podrá ser la ágil región productora de petróleo que era antes. Los operadores deben entender que estas limitaciones harán que la producción estadounidense responda menos.
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