Fotografía: Sáshenka Gutiérrez / Agencia EFE
La International Chamber of Commerce México (ICC México) hizo un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que el pacto de control de precios que pretende establecer con productores y empresas con la finalidad de reducir la inflación en el país, se lleve a cabo bajo los lineamientos de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).
En ese sentido, la organización indicó a través de un comunicado que su Comisión de Competencia Económica “coincide con el propósito de apoyar la economía de las personas con menores recursos económicos en el país. Sin embargo, el apoyo debe realizarse en términos que no infrinjan la LFCE”.
Del mismo modo, la ICC advirtió que existen riesgos e implicaciones en el planteamiento de una reunión en la que se discutirían los problemas relacionados con el alza de precios, los cuales son del conocimiento tanto del gobierno como de las empresas, y que deberían ser considerados más allá de la loable intención de buscar mecanismos que beneficien a la población.
“El artículo 9 de la LFCE señala que, para poder fijar precios oficiales o precios máximos de un producto, la Comisión Federal de Competencia Económica debe hacer una declaración previa de que en el mercado de que se trate, no existe competencia efectiva o hay una distorsión en el mercado que lo impide”, se lee en el comunicado.
Sobre esto, la organización explica que si bien “la Secretaría de Economía o el Presidente de la República pueden convocar a las empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras de los productos para informarles que debido a determinada falla de mercado temporalmente se fijará el precio máximo tomando en cuenta sus costos y márgenes de ganancia razonables”, en caso de que este paso fuese omitido las empresas estarían en posición de manipular el precio, con lo cual estarían violando el artículo 53 de la LFCE, “que es una de las faltas más graves que se sanciona con hasta el 10% de los ingresos de las empresas, independientemente de responsabilidades de carácter penal”.
La ICC abundó sobre este aspecto al señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “ha indicado que la práctica no se configura porque su monto haya sido a la baja o al alza, sino por la existencia de acuerdos adoptados”.
Consecuentemente, una reunión de empresas que compiten entre sí convocada por el gobierno con el objetivo de hablar en torno a no incrementar los precios a cierto nivel, implica el riesgo de violar la LFCE amén de cometer un delito federal.
Finalmente, la organización planteó a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Gobierno Federal la implementación de mecanismos de diálogo que no entren en desafío al estado de derecho.
Te puede interesar: En el primer trimestre suben un 17,95% las remesas enviadas a México
