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APUNTES

Guillermo Fabela Quiñones

Guillermo Fabela Quiñones

Guillermo Fabela Quiñones, Periodista, analista político y escritor de larga trayectoria. fue subdirector editorial de El Universal durante diez años, ha colaborado en diarios y revistas de México y América Latina.

Correo: guillermo.favela@hotmail.com

Twitter: @VivaVilla_23

 

¿Libre competencia con la reforma energética?

Es tiempo de pasar a los hechos, no por motivos electorales, sino por el imperativo de rescatar la viabilidad de cambios democráticos que garanticen un futuro menos adverso al país. Esto es válido decirlo, conforme al modo de gobernar del presidente López Obrador. Pronto sabremos si es verdadera su voluntad política para liquidar la reforma energética neoliberal, o si quiere seguir el camino que llevaría al fracaso del régimen, así como a un mayor empoderamiento de la cúpula empresarial ligada a intereses trasnacionales.

Echar abajo la reforma que legalizó la privatización de Pemex y la CFE es un imperativo ineludible. El pueblo votó por López Obrador convencido de que llevaría a cabo la recuperación del rumbo que hizo posible el progreso de México, del cual surgió también un sector privado ampliamente favorecido, pues sin la rectoría económica del Estado, las cúpulas empresariales no habrían alcanzado la fuerza que llegaron a tener, al facilitarles la suficiente infraestructura para sus negocios.

La rectoría estatal fue rota por la tecnocracia neoliberal, cuando ya se tenían bases firmes para chantajear al Estado. Tal como ahora lo están haciendo con el señuelo de las inversiones. Los datos históricos al respecto nos demuestran que al igual que el sector financiero, los inversionistas sacan diez pesos de sus arcas cuando ya han recibido 10 mil del sector público. En materia energética, esto ha quedado plenamente de manifiesto.

Los beneficiarios de este injusto modelo ahora vociferan contra una política pública fundamental para que se rompan cuanto antes desequilibrios insostenibles, tanto por la desigualdad propiciada por cuatro décadas sin crecimiento real, como por la catástrofe social y económica derivada de la pandemia y sus dramáticas consecuencias. Su argumento favorito es que se regresaría al sistema monopólico en el sector energético, cuando lo que se generó por la tecnocracia corrupta, fue un poderoso oligopolio privado.

Por este hecho incuestionable, el daño a la nación se calcula en 412 mil millones de pesos, según Edmundo Sánchez Aguilar, director de Finanzas de la CFE. Dicen los voceros de la cúpula empresarial, que no habría libre competencia, ¡cuando en la actualidad no existe, pues lo que hay es “un monopolio de un grupo muy chiquito de empresas”! El funcionario señaló asimismo que con la reforma se acabarían los subsidios, “a un grupúsculo de hampones y las tarifas podrían bajar 20 o 30 por ciento”. Esto equivaldría a una disminución de 140 mil millones de pesos.

Sólo los subsidios ascienden a 249 mil millones de pesos, y de este monto 56 mil 175 corresponden a una empresa, la española Iberdrola, por la operación del parque eólico La Venta, en Oaxaca. Las cifras antedichas, por sí mismas justifican la derogación de la reforma energética, no sólo por su magnitud en detrimento de la nación, sino porque frena la participación de empresas nacionales ajenas a la mafia neoliberal. Como advirtió Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Puntualizó la urgencia de crear condiciones de equidad, entre la CFE y las empresas privadas, pues de otro modo sería inviable una política energética sana para la sociedad en su conjunto, al privilegiarse únicamente los negocios privados con capacidad monopólica. En consecuencia, sobran razones de todo tipo que justifican la aprobación de una ley sobre materia tan estratégica, tal como lo visualizaron los presidentes Cárdenas y López Mateos. La pregunta que urge responder es si el presidente López Obrador toma en serio su papel histórico, o sólo es un demagogo sin futuro.

Al menos, ya es un avance que no haya ordenado una encuesta para eludir la responsabilidad en esta materia. El riesgo es que el Congreso se tarde el tiempo suficiente para prolongar la decisión, y sea la Legislatura entrante la que cargue con el entuerto. ¿Por qué el presidente Biden firma acuerdos ejecutivos para poner fin a políticas de su antecesor, sin meterse en enredos jurisdiccionales? ¿No puede hacer lo mismo el presidente López Obrador? ¿Se puede acusar al nuevo inquilino de la Casa Blanca de autoritario?

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