El Pleno del Congreso del estado de Oaxaca aprobó reformar el Código Penal para sancionar con 15 años de cárcel, sin derecho a fianza, a quienes promuevan el matrimonio infantil en la entidad.
Los legisladores aprobaron reformar el segundo párrafo del Artículo 28 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en Oaxaca.
Dicho artículo establece que: Se impondrá pena de 4 a 10 años de prisión y de doscientos a dos mil días multa, además de la declaratoria de nulidad de matrimonio, al que: Obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla o someterla a esclavitud o prácticas similares.
Esta Ley, aprobada por 38 de 42 votos, establece sanciones contra cualquier persona o grupo que ejerza autoridad sobre la mujer y la obligue a trabajo sexual, trabajo forzado o sus similares.
También, con una reforma a las fracciones VI y VII del artículo 75 de esta ley, se estableció realizar las adecuaciones de armonización legislativa a las disposiciones normativas que cuentan con el nombre de instituciones ya desaparecidas o que han sido modificadas.
La reforma fue promovida por las diputadas Elisa Zepeda Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y Aurora Bertha López Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; dictaminada por las Comisiones Permanentes Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
Eliza Zepeda Lagunas, enunció que esta declaratoria representa un gran avance para la mujer oaxaqueña, pues recordó que Oaxaca ocupó el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a matrimonio infantil tan solo después de Chiapas y Guerrero.
“Ahora con la ley, entrará en vigor el 1 de octubre, quedará prohibido el matrimonio infantil y quienes lo promuevan, incluso cuando se trate de familiares, ahora pagarán con cárcel”
Por su parte, la Diputada Aurora López declaró que terminar con el matrimonio infantil en la entidad asegura la inactivación de una práctica que perjudica el desarrollo de los pueblos, principalmente el de las infantas.
Finalmente, recordó que ya hay 300 casos denunciados ante estancias de Derechos Humanos que ya se encuentran bajo el debido proceso.
