En nombre del grupo parlamentario del PRI del Estado de México, el diputado Iván de Jesús Esquer Cruz y la diputada Aurora González Ledezma planearon reformas para abordar de manera integral la pobreza, marginación y exclusión social, al fortalecer los mecanismos de contraloría social, el Consejo de Evaluación e Investigación de la Política Social, el papel de los gobiernos municipales y el padrón de personas beneficiadas.
La iniciativa de reformas a la Constitución Política y la Ley de Desarrollo Social, ambas estatales, buscan fortalecer los mecanismos de contraloría social para asegurar que los recursos destinados a combatir la pobreza sean utilizados de manera efectiva y ética; que el Consejo de Evaluación cuente con recursos y autonomía para llevar a cabo evaluaciones y seguimientos rigurosos de las políticas sociales, lo que garantizará que los programas se adapten a las necesidades cambiantes de la población y se logren resultados concretos en la reducción de la pobreza y la exclusión social.
La propuesta busca fortalecer la capacidad municipal de abordar problemas específicos de sus comunidades, promoviendo un enfoque descentralizado y participativo en la lucha contra la pobreza, mediante la creación y mantenimiento de un padrón municipal de los programas sociales municipales, estatales y federales, como una herramienta que contribuirá a garantizar la equidad y la justicia social.
Con lo anterior, indica la iniciativa que se analizará en las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo y Apoyo Social, se consolidarán datos precisos sobre quienes realmente necesitan asistencia social, se evitará que los recursos se dispersen de manera ineficaz o se asignen de manera desigual, con lo que se asegura que las personas y las comunidades más necesitadas reciban el apoyo que requieren.
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Se pretende garantizar una gestión eficiente y equitativa de los recursos destinados a los programas sociales, todo con el objetivo de estar en concordancia con la visión de desarrollo social de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; así como que el Estado y sus municipios otorguen un ingreso básico a la población para garantizar el acceso integral a los derechos sociales que la Constitución reconoce.
