La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Poder Legislativo del Estado de México, aprobó reformas al Código Penal para establecer sanciones de hasta 12 años de prisión contra quien participe en la difusión de imágenes de cadáveres de personas.
La reforma, conocida como “Ley Ingrid”, tiene el objetivo de salvaguardar la dignidad y honra póstumas, así como garantizar el acceso a la justicia a terceros debido a prácticas ilícitas cometidas por personas servidoras públicas y ciudadanía.
El dictamen conjunta las iniciativas presentadas por coordinadoras, legisladoras y diputadas mexiquenses, establece sanciones para quien difunda o facilite este tipo de material, así como una agravante si las víctimas son mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, quien, sin tratarse de programas preventivos, educativos o informativos que diseñen o impartan instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación, realice actos de difusión, entrega, publicación, transmisión, distribución, videograbación, reproducción, exposición, filmación, fotografía o comparta u oferte e intercambie imágenes relacionadas con cadáveres de personas, causando menoscabo en la dignidad del honor y la intimidad de la víctima o la seguridad, paz y privacidad de sus familiares, recibirá una sanción de cuatro a ocho años de prisión, así como la reparación integral del daño.
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Durante la reunión se expuso el dictamen donde se establece que si en la comisión de este delito participan servidoras o servidores públicos de salud, protección civil, seguridad pública, procuración y administración de justicia o cualquier otro inherente a la cadena de justicia, que por su empleo cargo o comisión tengan acceso a la información y documentos relacionados con objetos, indicios, evidencias, hallazgos e instrumentos vinculados a un procedimiento penal o una investigación relacionada con el hecho delictivo, se le impondrán de tres a siete años de prisión.
El documento señala que, si la persona sujeta pasiva de este delito son mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, la pena se incrementará hasta una mitad de las que correspondan, por lo que podrían alcanzar sanciones de hasta 12 años de prisión.
