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Denuncian que CFE debe reparar los daños provocados en el campo en Arriaga, Chiapas

por | Jul 27, 2022

Habitantes de la comunidad en Arriaga, Chiapas denunciaron que este lugar al ser una zona de alta vulnerabilidad ya que el viento puede correr hasta rachas de 160 km/hr; un incendio pequeño en un pastizal puede arrasar con hectáreas.

Por esta vulnerabilidad a los incendios, siempre le hemos pedido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que sea muy cuidadosa con sus instalaciones en esta zona.

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Sin embargo, el 14 de enero de 2018, explotó un transformador de la CFE el cual ya había sido reportado; quemó alrededor de 1,000 hectáreas.

Afectó los cultivos de muchas personas, equivalente a más de 6 millones y medio de pesos en pérdidas. Estas son en su mayoría, personas de la tercera edad cuyo principal ingreso son sus parcelas de trabajo.

En su momento, la CFE firmó un acuerdo en el que se comprometía a reparar el daño una vez que los dictámenes periciales determinaran la causa del incendio.

Se emitieron tres dictámenes que coinciden en la responsabilidad que tiene CFE ante la falla de su transformador. Sin más, ellos decidieron incumplir el acuerdo.

Posteriormente, propusieron que se hiciera una mesa de negociación ante la FGR. El 13 de mayo de 2022.

Cuatro años después, sin argumentos y justificaciones legales, el apoderado legal de la CFE se retiró de la mesa de negociación que sostenían con los afectados, por instrucciones de un funcionario superior a este.

Muchas de las víctimas tampoco saben leer ni escribir, por lo que en el momento ¡no se enteraron que CFE cuenta con un seguro que podía pagarles por dichas pérdidas! Sin embargo, si CFE no se responsabiliza por el incidente, el seguro tampoco.

Por confiar en la palabra de la CFE, pasaron 4 años los cuales dejaron a las víctimas sin posibilidad de acción ya que solucionarlo por otras vías como una denuncia ante la PROFECO ya no procedía.

Al negarse a cumplir con el acuerdo, la CFE está revictimizando a los afectados quienes sufrieron pérdida de sus bienes, herramientas y medios de trabajo, incluso en sus derechos, al exigir la existencia de una sentencia como condición de pago a pesar de contar con un seguro de daños.

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