En conferencia de prensa realizada en el Congreso capitalino, víctimas de despojo vinculadas a la operación de organizaciones de vivienda y al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) presentaron sus casos y denunciaron la falta de transparencia, tráfico de influencias y omisión por parte del organismo y las autoridades encargadas de atender sus denuncias.
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Los afectados, dueños de predios ubicados en distintas alcaldías de la CDMX, compartieron cómo han enfrentado hasta 15 años de procesos judiciales y trámites sin obtener resultados, mientras siguen fuera de sus propiedades. Relataron que, cuando se acercan al INVI para buscar soluciones, se sienten ignorados y las reuniones no conducen a ninguna resolución satisfactoria para sus demandas.
Entre los casos presentados, se mencionó el de Rigel Osorio Sierra, quien compró una casa que fue despojada dos años después en la colonia Providencia, Sección 5, en Gustavo A. Madero. Además, más de 30 casos similares han sido identificados, algunos de los cuales ya están judicializados o en proceso de serlo, con largos periodos de tiempo sin avance significativo, cambios frecuentes de encargados del caso en el Ministerio Público y situaciones de opacidad.
Carlos Ruiz de Teresa, otro de los afectados, ha presentado múltiples denuncias desde 2006 por despojo y ha experimentado demoras de hasta 14 meses en el proceso de su última denuncia, con cambios constantes de ministerios públicos y un extenso archivo de 4 mil hojas sin resolución clara.
Las víctimas fueron recibidas por la vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Daniela Alvarez Camacho, quien presentó un punto de acuerdo en el Congreso para exhortar al contralor general de la CDMX, Juan José Serrano, a llevar a cabo investigaciones sobre posibles actos de cohecho, tráfico de influencias, conflicto de interés y desvío de recursos en el INVI, relacionados con organizaciones que han despojado viviendas a terceras personas.
Durante la sesión, se mencionaron posibles conexiones entre el director ejecutivo del INVI, Rodrigo Chávez Contreras, y su hermana Esperanza, quien ha recibido recursos y autorizado proyectos a través de la asociación MUHL. También se señalaron otros casos que involucran a diversas asociaciones relacionadas con diputados de la legislatura y el jefe de gobierno.
La votación del punto de acuerdo quedó empatada 10 votos a favor y 10 en contra, siendo estos últimos de los representantes de Morena y sus aliados. Por lo tanto, se pospuso para la próxima sesión del periodo extraordinario para ser votado nuevamente.
Estas denuncias reflejan la urgente necesidad de abordar y resolver los casos de despojo de manera justa y transparente, protegiendo los derechos de las víctimas y evitando prácticas de tráfico de influencias en el ámbito de la vivienda en la Ciudad de México.
