Durante el Primer Foro de Análisis y Discusión de la Política de Vivienda y las Reglas de Operación del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, la presidenta de la Asociación Civil Movimiento Nueva Aztlán, Rita Cecilia Contreras Ocampo, hizo un llamado a las autoridades capitalinas para establecer como política pública la regularización de la tenencia de la tierra.
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Esta medida, sostuvo, es fundamental para otorgar certeza jurídica a miles de familias en situación de vulnerabilidad y frenar el despojo de predios por parte de inmobiliarias y actores privados.
Denuncia despojo inmobiliario y corrupción
Contreras Ocampo advirtió sobre la creciente problemática de despojo de inmuebles mediante prácticas irregulares, como compraventas fraudulentas, juicios testamentarios ilegítimos y denuncias falsas de despojo. En este contexto, denunció la complicidad de consorcios inmobiliarios, notarios, bufetes de abogados y diversas instituciones públicas, incluidas la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Registro Público de la Propiedad.
Señaló casos específicos de predios en la capital que han sido derrumbados sin permisos de demolición y luego cercados con publicidad privada o fachadas de madera a nombre del Sindicato Libertad de Trabajadores de Transporte de México. Entre los inmuebles mencionados se encuentran aquellos ubicados en calles como Isabel La Católica 254, Puebla 261, Cuauhtémoc 166 y Medellín 226, entre otros.
El impacto de la gentrificación
En su intervención, la dirigente social destacó que la gentrificación ha provocado el desplazamiento de alrededor de 20,000 familias anualmente en diversas colonias tradicionales de la Ciudad de México, como Doctores, Guerrero, Santa María la Ribera, Escandón, Roma, Condesa y Juárez.
Explicó que la especulación inmobiliaria ha encarecido los precios de renta hasta alcanzar montos de entre 15,000 y 20,000 pesos mensuales, mientras que el valor del suelo se ha elevado hasta 35,000 pesos por metro cuadrado. Estos costos, aseguró, resultan inalcanzables para la clase trabajadora, lo que acelera la expulsión de familias que han habitado estos barrios por generaciones.
«La gentrificación es un genocidio urbano y social», aseveró Contreras Ocampo, subrayando la necesidad de adoptar una estrategia de «recuperación urbana» para mejorar las condiciones sociales y económicas de las zonas afectadas sin desplazar a sus habitantes originales.
Propuestas para una regeneración habitacional incluyente
Para hacer frente a esta crisis, la presidenta de Nueva Aztlán propuso un modelo de regeneración habitacional enfocado en la construcción de vivienda popular en predios en situación de abandono, con infraestructura deteriorada o asegurados por extinción de dominio. De este modo, enfatizó, se garantizaría el acceso a la vivienda a precios justos para las familias capitalinas.
Asimismo, hizo un llamado al gobierno para frenar el dominio del sector privado en el mercado de la vivienda y asegurar que la tierra sea utilizada en beneficio de los habitantes de la ciudad. «Quitarle el mercado a la iniciativa privada debería ser una agenda de gobierno prioritaria», sostuvo.
Contreras Ocampo concluyó señalando que los conflictos relacionados con la vivienda en México son históricos y complejos, agravados por la falta de acceso a financiamientos adecuados y la especulación inmobiliaria. «Es indispensable establecer políticas públicas que equilibren el derecho a la vivienda con el desarrollo urbano, evitando que este último se convierta en un instrumento de exclusión social», concluyó.
