Un Tribunal Colegiado ordenó suspender la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hasta que un juez de Distrito resuelva si concede la suspensión definitiva a una asociación civil que impugnó el dictamen aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados.
Esta medida se tomó tras la queja interpuesta por la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que busca frenar los efectos de la reforma en el Poder Judicial.
Por unanimidad, los magistrados declararon fundada la queja de la fundación contra la suspensión provisional que un juez había otorgado previamente. La organización civil promovió un amparo con el fin de detener la discusión y aprobación de la reforma en ambas cámaras legislativas.
El fallo establece que no debe continuarse con la discusión ni aprobación de la reforma tanto en las Cámaras de Diputados y Senadores, como en las legislaturas estatales y de la Ciudad de México, en particular en lo referente a cambios en el Poder Judicial.
Los magistrados señalaron que la reforma tiene como objetivo modificar de manera significativa la estructura del Poder Judicial de la Federación, tal como está establecido en la Constitución.
No obstante, el Tribunal Colegiado rechazó la solicitud de la Fundación Iris para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerciera su facultad de atracción en el caso. Los magistrados argumentaron que este asunto aún se encuentra en fase de análisis de la suspensión provisional, la cual debe resolverse dentro del plazo legal de 48 horas.
Este fallo representa un nuevo obstáculo en el proceso legislativo de la reforma judicial, que ha generado controversia por sus implicaciones en la independencia y funcionamiento del Poder Judicial en México.