La clasificación de información como reservada debe dejar de ser una moda y, para ello, es necesario continuar capacitando a personal de las Unidades de Transparencia de todas las instituciones públicas del país, afirmó Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Durante la presentación del libro La debida clasificación de la información pública. Teoría y práctica, en la 12ª Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, subrayó que “se puso de moda que todo lo que no se quiere entregar por parte de las autoridades lo clasifican como un tema de seguridad nacional; por lo regular, dicen que, de darse a conocer esa información, podría causar un daño”.
Del Río Venegas refirió que un ejemplo de esa situación fue el acuerdo por el que se declaraban como de seguridad nacional e interés público los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno federal, conocido como Decretazo, en contra del cual el INAI presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que declaró la invalidez del acuerdo.
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“Los contratos en este país, desde los del Tren Maya, Dos Bocas y todo lo que se haga son contratos abiertos, son contratos públicos”, enfatizó la Comisionada del INAI, quien participa en la obra con el artículo La clasificación de información que comprometa la seguridad nacional o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.
Señaló que, a partir de ese acuerdo, los sujetos obligados “agarraron de moda reservar todo bajo el tema de seguridad nacional”, aun cuando la Ley Federal de Transparencia establece claramente los casos en que puede clasificarse de tal forma, así como la obligación de elaborar una prueba de daño, para fundamentar.
“En el INAI nos enfrentamos a que la mayoría de los sujetos obligados clasificaban la información por seguridad nacional; nosotros (el Pleno) ordenábamos entregar esa información y, a pesar de que la ley dice que las decisiones del INAI son inatacables, la Consejería Jurídica del Gobierno federal interpuso varios recursos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, planteó.
Ante ello, la Comisionada del Río dijo que el reto de los órganos garantes es seguir capacitando al personal de las Unidades de Transparencia, pues advirtió que, así como reservar información por seguridad nacional se puso de moda en su momento, ahora lo está siendo el precepto del proceso deliberativo.
En su intervención, Salvador Romero Espinosa, coordinador de la obra y Comisionado del organismo garante de Jalisco (ITEI), afirmó que la finalidad del texto es ayudar a todas las personas a que conozcan mejor su derecho humano de acceso a información pública, constituyéndose en una referencia obligada para identificar y evitar casos de abusos o de restricciones no justificadas a sus derechos, mediante la indebida reserva de información pública.
“Esta obra busca ayudar a quienes trabajan en el sector público para que hagan bien su trabajo, pero también a la sociedad para que pueda identificar abusos cuando se clasifique en exceso o indebidamente alguna información o algún expediente público. Es una obra que se construyó con la perspectiva de ayudar a toda la sociedad a acceder a más información pública y a defenderse de indebidas clasificaciones de información”, expuso.
