La reforma al Poder Judicial promovida por el Gobierno Federal no garantiza justicia, sino que, por el contrario, podría derivar en la violación de los derechos humanos y en una manipulación del sistema judicial por parte del gobierno y Morena, según afirmó Noemí Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN. La diputada destacó que la elección directa de ministros, jueces y magistrados por voto popular es uno de los puntos más preocupantes de la iniciativa.
En un comunicado posterior a la presentación de un estudio realizado por la fracción parlamentaria del PAN, Luna Ayala advirtió que la reforma judicial podría facilitar la injerencia del crimen organizado. El análisis, compuesto por 39 puntos, revisa las implicaciones formales, políticas y económicas del dictamen aprobado en la Cámara de Diputados con el respaldo de Morena y sus aliados.
El estudio también resalta que México podría perder confianza jurídica a nivel internacional, lo que afectaría su competitividad frente a otros países. Luna Ayala señaló que la reforma pondría en riesgo al personal de apoyo del Poder Judicial, quienes serían evaluados no por su desempeño, sino por su afinidad ideológica, lo que comprometería la independencia y calidad en la toma de decisiones judiciales.
De acuerdo con la diputada, la transformación del Poder Judicial no aportaría mayor legitimidad a las decisiones judiciales, ya que los jueces y magistrados serían elegidos «a modo» y, en muchos casos, bajo una influencia política que beneficiaría al gobierno y a sectores con mayor poder económico, dejando a las personas más vulnerables en una situación de indefensión.
Además, el documento alerta que la reforma ignora el principio de división de poderes, ya que no asigna presupuesto a las instituciones locales encargadas de la impartición de justicia, lo que agudiza los problemas ya existentes en estas áreas. En este contexto, Luna Ayala subrayó que México necesita más jueces, ya que actualmente cuenta con solo 4.4 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el estándar internacional de la OCDE establece que deberían ser 65.
Otro aspecto destacado por la diputada fue el riesgo de que la politización del Poder Judicial derive en más violaciones a los derechos humanos, discriminación y desigualdad en la impartición de justicia. De igual forma, mencionó que la eliminación de los efectos generales de las sentencias afectaría principalmente a las personas en situación de vulnerabilidad.
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En cuanto a las repercusiones económicas, Luna Ayala afirmó que el estudio advierte que el Gobierno Federal destinaría más recursos al pago de la deuda externa, lo que podría afectar el gasto público, incrementar el desempleo y reducir los ingresos de las familias. También subrayó que en el 2026 se podría enfrentar una revisión del T-MEC, con posibles controversias sobre el Estado de derecho en México.
Finalmente, la diputada del PAN concluyó que la reforma rompería los equilibrios y contrapesos de la división de poderes, permitiendo una mayor injerencia del Ejecutivo sobre el Judicial, lo que podría generar un ambiente de impunidad. En su opinión, el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del gobierno y Morena dificultaría la construcción de consensos necesarios para el bienestar democrático del país.
