El pasado mes de febrero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito, puso en marcha la operación de nuevos radares móviles para medir la velocidad de vehículos y motocicletas en diversas vialidades de la capital. Según las autoridades, esta medida busca fomentar el respeto al Reglamento de Tránsito y reducir los accidentes causados por el exceso de velocidad. No obstante, la implementación de estos dispositivos ha generado preocupación entre conductores y ciudadanos, quienes temen que su uso abra la puerta a actos de corrupción.
A diferencia del Programa Fotocívicas, que opera con radares fijos en puntos identificables por la ciudadanía, los nuevos radares móviles permitirán detectar vehículos a alta velocidad en distintas ubicaciones, según datos de incidencia de accidentes. Este sistema, según la SSC, permitirá una mayor vigilancia y control del tránsito, ya que capta la velocidad de los vehículos a varios kilómetros de distancia y permite a los agentes de tránsito detener a los conductores infractores para mostrarles la evidencia y aplicar la sanción correspondiente.
Sin embargo, este mecanismo también plantea serias dudas sobre su transparencia. La posibilidad de que agentes de tránsito realicen detenciones discrecionales en puntos móviles y sin supervisión directa podría derivar en prácticas de extorsión y sobornos. Aunque la SSC insiste en que los radares móviles solo buscan concienciar a los conductores sobre la importancia del respeto a los límites de velocidad, la falta de claridad en su implementación y fiscalización genera incertidumbre entre los automovilistas.
Durante el primer operativo realizado en la avenida Gran Canal del Desagüe, en la alcaldía Gustavo A. Madero, se reportó la remisión de 14 vehículos al depósito vehicular, de los cuales 12 fueron por falta de placas y uno por exceso de velocidad. Además, se sancionaron siete motocicletas, se realizaron 37 revisiones y se emitieron 23 infracciones. La normativa indica que si un vehículo detectado a exceso de velocidad tiene más de tres adeudos, será remitido a un depósito vehicular, mientras que aquellos sin infracciones previas recibirán solo una amonestación verbal.
Te puede interesar: «México avanza hacia la igualdad»: Rafael Guerra Álvarez
De acuerdo con un sondeo a usuarios por El Capitalino, el problema radica en cómo se garantizará que estas medidas sean aplicadas con equidad y sin manipulaciones. La posibilidad de que algunos conductores intenten «negociar» sus sanciones con los agentes de tránsito despierta preocupación en una ciudad donde las denuncias por extorsión policial no son infrecuentes. En este sentido, expertos en movilidad han insistido en que la instalación de sistemas automáticos de fotomultas, sin intermediación humana, podría reducir las oportunidades de corrupción y hacer que las sanciones sean verdaderamente imparciales.
Es fundamental que la SSC implemente mecanismos de vigilancia y denuncia para prevenir abusos en la operación de estos radares móviles. Además, se requiere un compromiso firme de las autoridades para transparentar los criterios con los que se seleccionan los puntos de operación y se ejecutan las sanciones. De lo contrario, lo que se presenta como una medida para garantizar la seguridad vial podría convertirse en una herramienta discrecional que alimente la desconfianza ciudadana y perpetúe prácticas corruptas dentro de los cuerpos de tránsito.
