Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 se registraron siete mil 896 suicidios en México, 700 más con respecto a 2019 y mil más que en 2018.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, a través del Diputado Alberto Martínez Urincho, presentó una iniciativa para que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México desarrolle políticas públicas para la atención profesional oportuna de quiénes presentan tendencias suicidas.
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La iniciativa propone adicionar el Capitulo lll Bis de las medidas para prevenir y atender el suicidio, a la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, para que las personas con ideación suicida, así como las familias de las víctimas de suicidio tengan derecho a una atención personalizada, oportuna y profesional.
A través de una iniciativa en la que se propone adicionar el Capítulo III Bis de las medidas para prevenir y atender el suicidio, a la Ley Salud Mental del Distrito Federal, para que las personas con ideación suicida, así como las familias de las víctimas del suicidio, tendrán derecho a una atención personal, oportuna y profesional.
Al hacer uso de la tribuna, el legislador local señaló que la población masculina es la que presenta el mayor porcentaje con un 81.6 por cientos “otro dato lamentable, es que el suicidio fue más frecuente en jóvenes de entre 14 y 29 años de edad. De siete mil 896 personas que cometieron suicidio, dos mil 293 tenían de 20 a 29 años de edad y mil 260 eran adolescentes de 10 a 19 años. Sumados (tres mil 553) son casi la mitad de los suicidios de 2020”.
Martínez Urincho resaltó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que en México y el mundo, de no atenderse o crear políticas públicas efectivas, la prevalencia del suicidio irá al alza, ya que actualmente es la cuarta causa de muerte en jóvenes y en 2029 se prevé sea la segunda.
“En 50 por ciento de la población con intentos de suicidio, se presentaron causas como trastornos psicóticos, ataque de pánico, ruptura de la pareja, la muerte de un ser querido, una enfermedad crónica terminal –como cáncer o insuficiencia renal – o la pérdida de estatus económico o del empleo durante la pandemia de la Covid-19”, indicó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictaminación.
