En medio del paro nacional de trabajadores del Poder Judicial en México, la Presidencia de la República podría dar un paso inesperado al autorizar, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), modificaciones al Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.
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Estos cambios permitirían la entrada formal de los llamados taxis de plataforma, como Uber, Didi y Cabify, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), una medida que ha generado fuertes reacciones entre los permisionarios mexicanos que operan en la terminal aérea desde hace décadas.
De acuerdo con los representantes de más de diez empresas mexicanas que actualmente brindan el servicio de transporte en el AICM, esta decisión sería un golpe contundente a su labor, ya que, en plena huelga judicial, las empresas afectadas no tendrían tiempo suficiente para presentar una defensa legal que contrarreste esta acción. Para muchos de ellos, la maniobra del gobierno representa un “madruguete” en favor de corporaciones internacionales.
Las posibles modificaciones al reglamento traerían consigo una crisis para las empresas nacionales que, hasta ahora, han cumplido con las disposiciones legales establecidas en el aeropuerto. Los concesionarios advierten que el ingreso oficial de las plataformas digitales de transporte les generaría una competencia desleal que podría llevar a la quiebra a miles de familias mexicanas que dependen de esta actividad económica.
En contraste con el discurso oficial de la Presidencia de México sobre el apoyo a la economía local, los permisionarios del AICM señalan que esta medida no solo atenta contra su estabilidad financiera, sino que se suma a una serie de presiones y acciones “ilegales e inmorales” que, según ellos, han sido permitidas por las propias autoridades en las últimas semanas.
Afirman que, a pesar de la prohibición actual, empresas como Uber y Didi ya operan dentro de la zona federal del aeropuerto, lo que representa una violación directa a las leyes mexicanas.
Ante este panorama, los permisionarios no descartan la posibilidad de llevar a cabo protestas públicas en las inmediaciones del AICM y otros aeropuertos del país para defender sus derechos y exigir la protección de sus fuentes de empleo. De concretarse la inclusión de los taxis de plataforma, las empresas mexicanas que han operado bajo los marcos legales vigentes verían amenazada su permanencia en el mercado.
Según trascendió, las autoridades del AICM han intentado negociar con los permisionarios para que se integren al nuevo modelo de operación que facilitaría la entrada de Uber y Didi en el aeropuerto. Sin embargo, las empresas mexicanas se muestran renuentes a aceptar una medida que consideran desfavorable para sus intereses y la economía nacional.
Finalmente, los permisionarios advirtieron que, de implementarse estas modificaciones, se verán afectadas directamente más de 10 mil familias que dependen de la operación de los taxis en el aeropuerto. Para ellos, la acción del Gobierno Federal no solo traiciona sus principios de defensa de la soberanía económica del país, sino que pone en riesgo la estabilidad de un sector que ha sido parte fundamental de la historia del AICM.
Esta situación abre un debate sobre el papel del Estado en la regulación de los servicios de transporte y su compromiso con la protección de los intereses nacionales frente a la creciente influencia de empresas internacionales.
