Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), informó que la política del Estado mexicano en tema de búsqueda e identificación de personas desaparecidas es más relevante y productiva en el Tribunal.
El presidente de la PJCDMX indicó que los 12 años de trabajo constante en el seno de los encuentros han significado la creación de protocolos de identificación odontológica, genética, antropológica y médico-forense, por lo que convocó a la participación de un mayor numero de servicios forenses, periciales y fiscales especializados en todo el país.
Añadió que es necesario hablar de objetivos tales como panteones ministeriales y mausoleos públicos que brinden un espacio digno e individual a cada uno de los fallecidos, así como hacer realidad laboratorios, infraestructura y recursos digitales.
También abordó que se trabaja en la generación de esquemas de gestión, identificación y tratamiento de cadáveres de identidad desconocida o no reclamados, así como brindar el debido acompañamiento y orientación a víctimas indirectas.
El magistrado enfatizó que esto suma la capacidad del PJCDMX con el trabajo de instituciones como lo son la Cruz Roja Internacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, agencias de servicios forenses, periciales y fiscales especiales en todo el país.
Así mismo, Jordi Raich, jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central, destacó a través de un mensaje virtual, que el reto aun es mayúsculo, ya que actualmente existe un registro de cerca de 39 mil cuerpos no identificados y unas 89 mil personas desaparecidas en el país.
Raich, señaló que estos encuentros han permitido la colaboración que ha contribuido a fortalecer las capacidades del sistema médico-legal en el país para responder con mayor efectividad ante la problemática de personas desaparecidas a causa de la violencia.
Comentó que debe destacarse los logros recientes que favorecen la búsqueda de personas desaparecidas en el país, entre los que destaca la aprobación de la Ley General de Desaparición de Personal, con el desarrollo de protocolos homologados de practicas que requieren ser aprobados en materia arqueológica, antropología, medicina y odontología forense y necropsias.
Finalmente precisó que hay un gran camino por recorrer para una implementación eficaz de la ley y la homologación de prácticas forenses, ahondando que se requieren medidas extraordinarias y multidisciplinarias, así como mecanismos eficaces y coordinados.
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DDF
