Alrededor de 280 vecinos de Azcapotzalco, que están en desacuerdo por la anulación de sus votos en las secciones electorales del Distrito 3, ingresaron un “Amparo ciudadano” ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa.
Además pretenden que su decisión en las urnas sea respetada en futuros comicios, así como sentar precedente para que la ciudadanía tenga voz y parte.
Eva Rojas, socióloga y activista por los derechos humanos, argumentó que la determinación del TEPJF violenta los derechos humanos, al carecer de un medio de protección efectivo y eficaz para revertir una situación que pone en riesgo la esfera de los derechos políticos de las personas, a pesar de que es obligación del Estado mexicano protegerlos bajo el principio de convencionalidad.
Lo anterior, en virtud de lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Nuestra queja versa en la falta de un mecanismo para la defensa del voto de la ciudadanía, ya que la decisión de anular nuestras casillas fue tomada entre Instituciones y partidos políticos, dejando totalmente fuera a terceros interesados”, expresó Eva Rojas.
El amparo indirecto es en consecuencia a lo sucedido el pasado 13 de agosto, cuando la Sala Superior del TEPJF, resolvió lo referente a la impugnación que diversos partidos presentaron con motivo de la elección para diputación federal correspondiente al Distrito 3 de Azcapotzalco.
Asimismo, es en seguimiento a lo establecido en la Jurisprudencia del 13/2002, donde el TEPJF determinó que una casilla electoral se debe anular cuando las personas capacitadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), que no pertenecen a la sección, participan como funcionarios de casilla. Es decir, cuando la recepción de votos se da por personas no autorizadas, explicó Carlos García Durán, activista social y abogado promovente del amparo ciudadano.
Agregó que ante esta situación, los ciudadanos y vecinos de Azcapotzalco decidieron interponer la querella ante el Juez de Distrito.
Carlos García Durán refirió que el amparo promovido es en contra de tres leyes en específico: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (artículo 83), Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (artículos 12, 13, 24, 25, 27 y 34), y Ley de Amparo (artículo 61, fracción IV).
Finalmente, ambos voceros de las 280 personas demandantes, coincidieron en que “la legislación mexicana cuenta con un vacío legal y tenemos el derecho de defendernos por esa omisión, ya que la ciudadanía es parte fundamental de la democracia”.
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