«El gobierno de Quintana Roo, bajo la administración de la gobernadora Mara Lezama, será sometido a un riguroso proceso de fiscalización para determinar el destino y manejo de los recursos públicos asignados este año para apoyo a emergencias y adquisiciones».
Así lo anunció el diputado federal electo del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, quien afirmó que encabezará junto a legisladores de oposición locales la solicitud de una auditoría exhaustiva a la gestión de Lezama en las próximas semanas.
El diputado panista, quien tomará protesta en la Cámara de Diputados en los próximos días, adelantó que ya prepara un Punto de Acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un análisis detallado de las contrataciones y gastos efectuados por el gobierno de Lezama desde enero hasta junio de este año. Sánchez Rodríguez mencionó que el proceso de fiscalización se realizará por semestres, y agregó que hay denuncias de empresarios turísticos que afirman haber sido extorsionados por la administración actual. «No vamos a permitir esto porque daña dos aspectos fundamentales: la promoción turística y la confianza en la inversión», subrayó.
Sánchez Rodríguez también criticó la gestión de Lezama durante los eventos meteorológicos que afectaron a la entidad en meses recientes, acusando a la gobernadora de utilizar las emergencias para su beneficio político.
“La gobernadora solo iba a tomarse la foto, pero los recursos no fluyeron porque había intermediarios, operadores de Morena, que buscaban lucrar para darle votos a Claudia Sheinbaum en las elecciones pasadas”, afirmó el diputado electo.
En este sentido, Sánchez Rodríguez denunció que gran parte de la ayuda destinada a los damnificados no llegó a su destino, mencionando que muchos cheques y enseres domésticos quedaron en bodegas o en manos de funcionarios de Protección Civil. “Tenemos las pruebas y los vamos a denunciar pronto”, añadió.
Finalmente, el diputado del PAN aseguró que estará vigilante de las necesidades de la gente en Quintana Roo y se comprometió a no permitir que los gobiernos de la 4T afecten la calidad de vida de los habitantes ni la confianza de los empresarios en la región.
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