Para evitar el riesgo de una tragedia mortal más en el Metro, el Partido Acción Nacional reclamó al gobierno central su resistencia a transparentar los nuevos protocolos de seguridad y estudios estructurales que avalaron la reapertura del último tramo elevado de la Línea 12.
“Los vecinos de Tláhuac e Iztapalapa pagaron las consecuencias de la irresponsabilidad e ineptitud del gobierno de Claudia Sheinbaum, vecinas y vecinos utilizan la Línea 12 por necesidad, pero el miedo a derrumbarse estará latente mientras que el gobierno de Martí Batres oculte los dictámenes de seguridad que nos estarían dando certeza”.
Aníbal Cañez Morales, diputado del GPPAN, recordó que, a tres años de la tragedia, la FGJCDMX sigue sin señalar a algún “pez gordo” de MORENA. “La entonces directora del Metro sigue feliz y sin responder por sus omisiones y eso no se vale, el PAN solicitó un memorial para las víctimas, pero eso no está en las prioridades del Gobierno”.
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Añadió que la primera vez que se reinauguró, Claudia Sheinbaum tuvo el cinismo de llevar un mariachi como si fuera una fiesta ese lugar, en donde por la ineptitud de su administración, murieron 26 personas, pero hay no termina la historia, tardaron 3 años en reconstruir.
“Años en donde miles de capitalinas y capitalinos que viven en Tláhuac e Iztapalapa, tardaban hasta tres horas para llegar a su trabajo. Eso es culpa de Morena y en este año vecinas y vecinos les van a cobrar factura dando el triunfo a la oposición en la Ciudad de México porque nosotros si vamos a mejorar las condiciones de movilidad en estas dos demarcaciones”.
Por lo pronto, el panista se dirigió al director del Metro, Guillermo Calderón, para que se presente ante el Congreso local y “nos haga saber cuál es la empresa que garantiza que se haya construido de acuerdo a los manuales y con los parámetros de seguridad internacionales que rigen organismos”.
Aníbal anunció que realizará sondeos entre los usuarios de la Línea 12, principalmente en Iztapalapa y Tláhuac, donde los vecinos se sienten olvidados por este Gobierno y exigen conocer las evaluaciones de seguridad estructural.
