El Gobierno de la Ciudad de México ha impuesto una nueva medida que obliga a los propietarios de inmuebles habitacionales con valor catastral superior a 4.5 millones de pesos a presentar un informe anual sobre el estado de ocupación y uso de sus propiedades. Esta disposición, publicada en la Gaceta Oficial por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), ha encendido las alarmas entre diversos sectores que la consideran un atentado contra la privacidad y la propiedad privada.
De acuerdo con las reglas establecidas, el informe deberá ser entregado a más tardar el 30 de junio de cada año e incluirá datos del propietario, la cuenta predial y el uso actual del inmueble. Sin embargo, la SAF ha afirmado que quienes no cumplan con esta obligación no serán sancionados, lo que genera dudas sobre la verdadera intención de esta medida.
¿Control o simple estadística?
El Gobierno capitalino justifica esta disposición como una medida de carácter meramente estadístico y de actualización catastral. No obstante, el documento oficial también contempla que los contribuyentes deberán señalar si permiten compartir sus datos para estos fines, lo que abre la puerta a un posible uso discrecional de la información.
La medida ha sido interpretada por legisladores de oposición como un intento de mayor control sobre la propiedad privada. El diputado panista Diego Garrido alertó sobre el peligro que implica esta reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México, señalando que Morena podría estar sentando las bases para futuras expropiaciones. “Solicitan datos sensibles que ponen en riesgo a las personas. Es una total arbitrariedad digna de un sistema autoritario”, advirtió.
Paralelismos con regímenes autoritarios
La exigencia de información detallada sobre los inmuebles de alto valor ha despertado comparaciones con políticas de control estatal en otros países. Garrido incluso señaló que esta medida podría sentar un precedente para que, en el futuro, se implementen acciones como las vistas en Venezuela, donde el gobierno ha ejercido una política agresiva de intervención en propiedades privadas bajo el argumento de justicia social.
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Más allá de las críticas políticas, la nueva medida plantea interrogantes sobre el derecho a la privacidad y la protección de datos de los contribuyentes. ¿Por qué el gobierno necesita esta información? ¿Podría derivar en un control más estricto sobre la propiedad inmobiliaria? ¿Es una estrategia para elevar la recaudación fiscal en el futuro?
Mientras el Gobierno de la Ciudad de México insiste en que esta declaración informativa es inofensiva y meramente estadística, el debate sobre sus implicaciones reales sigue creciendo. ¿Es una medida de transparencia catastral o un paso más hacia el control gubernamental de la propiedad privada? La respuesta, como siempre, dependerá de la evolución política y económica de la capital del país.
