En una medida que marca un hito en la lucha contra la eliminación de fideicomisos propuesta por el Congreso y avalada por Morena, el ministro Javier Laynez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), otorgó una suspensión.
Esta decisión tiene un profundo impacto en la preservación de los fondos destinados a funciones esenciales del Poder Judicial, mientras se espera una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las acciones de inconstitucionalidad 214/2023 y 220/2023, presentadas por legisladores de oposición en contra de la propuesta legislativa, han encontrado un aliado en la figura del ministro Laynez.
La suspensión que ha concedido impide que los 15 mil millones de pesos destinados a estos fideicomisos puedan ser desviados para otros fines que no sean los establecidos por el máximo tribunal.
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El proceso de eliminación de estos fideicomisos desencadenó un primer paro nacional de labores y manifestaciones por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes han reivindicado sus derechos laborales ante lo que consideran un ataque a su estabilidad financiera.
Es importante destacar que esta decisión del ministro Javier Laynez llega después de que los ministros de la SCJN desecharon un pedido del Ejecutivo Federal para que se excusara del caso, recordando que en cuestiones de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, únicamente el ministro encargado puede decidir si existen obstáculos para su análisis.
Esta suspensión se suma a la obtenida previamente por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) el 27 de noviembre, consolidando la oposición a la propuesta del presidente López Obrador de utilizar estos fondos para la reconstrucción de Acapulco después del paso del huracán Otis.
A pesar de que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, mostró disposición para analizar la propuesta del mandatario, la decisión del ministro Laynez subraya la importancia de preservar la integridad institucional y el destino de estos fondos de acuerdo con la ley.
La suspensión concedida por el ministro Javier Laynez se erige como un acto de salvaguarda de la independencia y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, asegurando que los recursos sean utilizados únicamente para los fines establecidos legalmente, y estableciendo un precedente relevante en la defensa de las instituciones democráticas de México.
