La Cámara de Diputados ha dado un paso crucial en la lucha contra la discriminación de género en el ámbito laboral al aprobar una reforma que reconoce como violencia laboral el trato desigual hacia mujeres y personas con capacidad de gestar debido a su condición de embarazo o maternidad.
Esta reforma histórica, aprobada por unanimidad con 436 votos a favor, representa un avance significativo en la protección de los derechos laborales de las mujeres en el país.
La iniciativa, propuesta por la diputada Julieta Vences Valencia del partido Morena, busca enmendar diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) para incluir estas conductas como formas de discriminación y, por lo tanto, considerarlas un delito.
La reforma tiene como objetivo principal erradicar prácticas injustas y discriminatorias que han afectado a miles de mujeres durante años en el ámbito laboral.
Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la inclusión de la discriminación, distinción, exclusión o restricción en contra de una mujer solicitante de empleo debido a su maternidad, embarazo o lactancia como formas de violencia laboral.
Esto incluye prácticas como la solicitud de una prueba de embarazo como requisito para trabajar, una práctica que, según datos de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), afectó al 2% de las mujeres mayores de 15 años, que han trabajado en algún momento de sus vidas.
Este porcentaje equivale a casi 2,5 millones de mujeres en el país.
Además, la reforma también aborda situaciones en las que a más de 740,800 mujeres se les pidió una prueba de embarazo como requisito para continuar en su trabajo o renovar su contrato.
Cerca de 272.000 mujeres fueron despedidas por embarazarse, mientras que a casi 219.000 no se les renovaron sus contratos por ese mismo motivo.
Además, 144,947 mujeres vieron reducido su salario por ejercer su derecho a gestar. Estas cifras son alarmantes y subrayan la urgencia de poner fin a la discriminación por embarazo en el ámbito laboral.
La diputada Julieta Vences Valencia enfatizó la importancia de esta reforma al señalar que, a diferencia de los hombres, a las mujeres se les pregunta con frecuencia si planean ser madres en entrevistas de trabajo, una práctica que perpetúa la discriminación de género.
La reforma busca poner fin a esta injusticia y promover la igualdad de género en el mundo laboral.
La reforma ha sido remitida al Senado de la República para su revisión y eventual aprobación. Si se convierte en ley, representaría un paso significativo hacia la protección de los derechos laborales de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
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La prevención, investigación, atención y sanción de la violencia laboral corresponderán a diferentes autoridades federales y locales, y las sanciones a las empresas que discriminan a mujeres embarazadas o en período de maternidad pueden abarcar desde medidas administrativas hasta acciones penales.
En resumen, la aprobación de esta reforma es un hito importante en la lucha contra la discriminación por embarazo en el ámbito laboral.
Esperamos que el Senado continúe avanzando en esta dirección y que esta reforma se convierta en ley para garantizar un ambiente laboral más justo y equitativo para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar en el país.
