El clima político en la Ciudad de México se ha enrarecido con acusaciones de persecución política por parte del gobierno local, según denuncias presentadas por Santiago Taboada Cortina, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición «Va X La CDMX», y Karen Quiroga, candidata de la alianza a la alcaldía Iztapalapa.
Taboada hizo hincapié en una presunta lista elaborada por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, dirigida a operadores políticos de la oposición, con el objetivo de frenar su participación en la jornada electoral. «Se los dije a muchos de ustedes, que venía una andanada de la Fiscalía contra operadores políticos», expresó Taboada en una conferencia de prensa, insinuando que la candidata Karen Quiroga fue uno de los blancos de esta supuesta persecución.
Los hechos que desencadenaron estas acusaciones ocurrieron cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana irrumpieron en el domicilio de Karen Quiroga, con uso de la fuerza, bajo el pretexto de buscar a los presuntos autores de un homicidio. Quiroga atribuyó estos actos a una «elección de Estado» y responsabilizó directamente a Martí Batres, secretario de Seguridad Ciudadana, de la violencia y amedrentamiento que sufre.
Taboada, por su parte, instó al gobierno a sacar las manos del proceso electoral y detener la persecución política. «No nos vamos a dejar y vamos a ir hasta las últimas consecuencias», advirtió. También destacó la gravedad de utilizar a la policía con fines políticos, especialmente en el contexto de violencia que atraviesa la zona oriente de la ciudad.
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Karen Quiroga detalló el incidente ocurrido en su domicilio, donde siete policías irrumpieron violentamente y se negaron a identificarse adecuadamente. Asimismo, reveló que se le negó la protección en materia de seguridad por considerar a Iztapalapa como un área no prioritaria.
En medio de estas acusaciones, Quiroga responsabilizó a Martí Batres por los actos de violencia perpetrados en su contra y exigió una atención adecuada a la violencia política de género que enfrenta. La situación ha despertado una ola de indignación y preocupación en el ámbito político local, planteando interrogantes sobre la integridad del proceso electoral y la imparcialidad de las instituciones encargadas de garantizarla.
