En el marco de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, señaló las principales deficiencias que el Poder Ejecutivo busca corregir mediante la reforma al Poder Judicial. Entre las irregularidades más destacadas mencionó la injerencia en asuntos electorales, la venta de exámenes en el proceso de selección de jueces, nepotismo y falta de disciplina en la actuación de impartidores de justicia. Además, denunció remuneraciones que violan la Constitución.
Uno de los puntos clave fue la intromisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en asuntos electorales. Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en este ámbito, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, admitió en agosto de este año un recurso promovido por Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional, para que la Corte definiera criterios de asignación de diputaciones plurinominales, una competencia exclusiva del Tribunal Electoral.
La secretaria Alcalde también denunció que el proceso de selección de jueces ha sido empañado por actos de corrupción, como la venta de exámenes por 186 mil pesos, y que la Escuela Judicial ha sido señalada por inequidad e influyentismo. Además, el nepotismo sigue siendo un problema grave, ya que el 50% del personal del Poder Judicial tiene familiares trabajando en la misma institución, siendo este porcentaje aún mayor entre jueces y magistrados.
Otro punto destacado fue la falta de sanciones por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). De las 38 mil quejas presentadas contra funcionarios judiciales entre 2004 y 2023, el 86% fue desechado sin investigación, y sólo 472 jueces y magistrados fueron sancionados.
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En cuanto a las remuneraciones de altos funcionarios del Poder Judicial, Alcalde Luján subrayó que las y los ministros de la SCJN continúan violando el artículo 127 de la Constitución al recibir salarios y prestaciones que superan con creces el tope establecido para el presidente de la República. A pesar de que la reforma en este sentido data de 2009, los ministros han argumentado la existencia de «derechos adquiridos» para evitar reducir sus salarios, que en conjunto con beneficios adicionales superan los 700 mil pesos mensuales.
Finalmente, el presidente López Obrador reiteró que la reforma al Poder Judicial no busca despedir a los trabajadores, sino eliminar los privilegios y la corrupción desde los altos mandos del sistema judicial, con el objetivo de sanear las instituciones y garantizar una impartición de justicia más equitativa y transparente.
