Los Comités Ejecutivo Nacional del PAN y el Directivo Estatal de Veracruz han denunciado lo que consideran una persecución política en contra del senador electo Miguel Ángel Yunes y su familia, perpetrada por la gobernadora electa Rocío Nahle. Según la denuncia, esta persecución se lleva a cabo mediante acusaciones falsas, difamaciones y artimañas legales, violando el Estado de Derecho y utilizando la Fiscalía para amedrentar a opositores.
Los presidentes del PAN, Marko Cortés Mendoza, y del Directivo Estatal de Veracruz, Federico Salomón Molina, han exigido a Nahle y al presidente López Obrador que detengan lo que consideran un abuso de autoridad y una violación clara de la ley. Aseguran que Nahle ha declarado que intervendrá ante la Fiscalía General del Estado para evitar que Yunes Márquez rinda protesta como senador, y ha solicitado la reactivación de un proceso penal en su contra para detenerlo.
Ambas dirigencias consideran estas acciones como un abuso y una manifestación de autoritarismo, destacando que una gobernadora electa no debería dictar instrucciones a un Fiscal que se supone es autónomo. Además, subrayan que Nahle ha declarado su intención de gobernar de manera autoritaria, amenazando con perseguir a cualquiera que disienta de su administración, lo cual pretenden intimidar a la oposición.
La denuncia señala que la persecución política contra Yunes se basa en su intención de ser candidato a Presidente Municipal de Veracruz en 2021. Argumentan que las autoridades electorales y judiciales han reconocido que Yunes tiene su domicilio en el estado, por lo que no existe delito alguno, y consideran que se trata de una clara intención política de frenar su llegada al Senado.
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Además, los líderes del PAN destacan la contradicción de Nahle al acusar a Yunes de no tener domicilio en Veracruz, cuando ella misma es originaria de Zacatecas y ha nombrado como secretario de Gobierno a un ciudadano de Hidalgo. También critican que Nahle pida acelerar procesos en contra de sus adversarios mientras no solicita el esclarecimiento de miles de homicidios, feminicidios, crímenes contra periodistas, robos y extorsiones en el estado.
Finalmente, los dirigentes del PAN exigen que la Fiscalía General del Estado actúe de manera independiente y sin presiones, y que no se utilice con fines de persecución política, argumentando que tales acciones son propias de un régimen autoritario y no de una democracia.
