Tras el voto aprobatorio de 26 congresos locales, la Cámara de Diputados ha declarado la constitucionalidad de las reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Los cambios impactan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Carta Magna, estableciendo un marco legal renovado para la seguridad pública del país.
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Sergio Carlos Gutiérrez Luna, diputado de Morena y en funciones como presidente de la Mesa Directiva, hizo la declaratoria oficial tras realizar el cómputo de los votos emitidos por la mayoría de las legislaturas estatales y de la Ciudad de México, tal como lo requiere el artículo 135 de la Constitución.
El anuncio oficial señala que, tras la aprobación de la mayoría de las legislaturas, el Congreso de la Unión declara reformados y adicionados varios artículos de la Constitución, relacionados con la Guardia Nacional. El decreto ahora se enviará al Ejecutivo para su promulgación y efectos constitucionales.
Previamente, la diputada Julieta Villalpando Riquelme, también de Morena, informó que el Senado había enviado la comunicación correspondiente para dar cuenta de la recepción de los votos favorables de 26 estados. Las entidades que aprobaron la reforma incluyen a Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, México, Michoacán, entre otras.
Entre los aspectos clave de la reforma, se establece que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública profesional y permanente, integrada por personal militar con formación policial, y quedará bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Asimismo, el Congreso de la Unión tendrá la facultad de expedir leyes que regulen la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública e interior.
El decreto incluye disposiciones transitorias que otorgan un plazo de 180 días para que el Congreso armonice el marco legal vigente. Mientras tanto, la Guardia Nacional continuará operando bajo las normativas actuales.
Una de las disposiciones más destacadas es que el Senado o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificarán los nombramientos de los mandos superiores de la Guardia Nacional, quienes serán propuestos por el presidente de la República. El titular de la Comandancia de la Guardia Nacional deberá ser un general de División en activo, designado por el presidente a propuesta de la Sedena.
Además, se prevé que el Ejecutivo Federal podrá disponer de las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública, conforme a los términos de la ley. También se estipula que, en tiempos de paz, las autoridades militares no podrán ejercer funciones más allá de las que marca la Constitución.
Por último, el decreto ordena la transferencia de recursos financieros y materiales de la extinta Policía Federal a la Sedena, así como la adscripción del personal correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública.
Esta reforma, de amplia trascendencia, fortalece el papel de la Guardia Nacional y redefine la relación entre las Fuerzas Armadas y la seguridad pública en el país, en un esfuerzo por mejorar la estrategia de seguridad nacional.
