Continua el debate sobre la prohibición o la continuidad de las corridas de toros en la Ciudad de México.
El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso capitalino propuso que las corridas de toros continúen, pero sin muerte, ni actos de crueldad o maltrato a becerros, novillos y toros.
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La Diputada Tania Larios Pérez, presentó al Pleno del Congreso local una iniciativa como una opción a las posiciones extremas que se han expresado durante la discusión del tema.
La iniciativa adiciona un párrafo cuarto a la fracción XXII al artículo 25 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.
En el documento se explica que la solución que se propone, se encuentra justo al medio de las posturas extremas que se han sostenido: una de ellas es la prohibición de plano, y la otra es elevar la fiesta taurina como patrimonio cultural inmaterial, manteniendo el maltrato a los seres sintientes.
En la exposición de motivos, argumenta que optar por posturas maniqueas no abona a la construcción de una sociedad plena en derechos humanos y de los seres sintientes, por lo cual resulta necesario impulsar legislaciones regulatorias y no prohibicionistas.
En tribuna, la legisladora local refirió que el confinamiento al que obligó la pandemia de COVID 19 en el mundo produjo una desaceleración económica mundial, por lo que cuidar las fuentes de empleo y la derrama económica constituyen un factor de especial importancia en este contexto, que se debe considerar en los efectos de toda reforma legislativa.
Destacó que de acuerdo con lo que informó el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, cada corrida en la Monumental Plaza de Toros México genera cerca de 29 millones de pesos; es decir cada temporada que se integra por al menos 12 corridas, arroja una cantidad de aproximadamente 348 millones de pesos, tan sólo en la Plaza de Toros México, sin contar que la actividad a nivel nacional genera 80 mil empleos directos y 146 mil empleos indirectos.
Por ello, insistió Larios Pérez, deben explorarse medidas progresivas que concilien el bienestar animal, con el impacto social y económico de las reformas.
La Iniciativa propone que, de aprobarse la reforma, el Decreto correspondiente entraría a los 180 días naturales posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, plazo dentro del cual, el gobierno capitalino deberá realizar las adecuaciones reglamentarias y normativas correspondientes con la finalidad de dar cumplimiento al mismo.
La Iniciativa fue turnada para su análisis y posterior dictaminación a la Comisión de Bienestar Animal.
