La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) está afinando una propuesta para mitigar los posibles efectos negativos sobre la inversión privada derivados de la reforma judicial impulsada por el Congreso. Esta reforma busca que jueces y ministros sean elegidos por voto popular, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad jurídica y el Estado de derecho en México.
Con el propósito de reunir diversas opiniones y soluciones, Coparmex ha organizado una serie de foros en diferentes regiones del país. En estos eventos, reconocidos abogados y expertos legales están discutiendo los impactos de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma es parte del último paquete de cambios constitucionales antes de la llegada de la nueva administración el próximo 1 de octubre.
“Hay un gran potencial de inversión fresca y necesitamos asegurar un entorno jurídico estable. Por eso, el objetivo es encontrar cómo mejorar el Poder Judicial para que haya mayor certidumbre jurídica y podamos así fomentar un mejor desarrollo económico”, expresó José Medina Mora, presidente de Coparmex, durante el primer foro.
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Medina Mora, líder de una organización que representa a más de 36 mil empresarios responsables del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) de México, manifestó su preocupación por los efectos económicos de la reforma. Reveló que varios proyectos de inversión, aunque ya autorizados y financiados, están actualmente detenidos debido a la incertidumbre jurídica generada por la propuesta de reforma.
“Las empresas interesadas en invertir en México nos han dicho que si se implementa la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, detendrán sus inversiones. Esto es lo que más nos preocupa”, subrayó Medina Mora.
Además, criticó que la mayoría de la inversión extranjera directa en México consiste en reinversión de utilidades en lugar de nueva inversión. Señaló que la situación podría empeorar debido al enorme potencial de inversión generado por el fenómeno del ‘nearshoring’.
Medina Mora destacó que los cargos de jueces, magistrados y ministros no deben ser elegidos por voto popular, ya que no representan una demarcación territorial específica, sino que su función es aplicar la ley. Lamentó la posible eliminación de la carrera judicial en el PJF, la cual requiere concursos de conocimientos y experiencia para ascender a estos cargos. En su opinión, este sistema debería ampliarse a nivel estatal y local en lugar de ser eliminado.
Inviabilidad de las Elecciones Judiciales.
Juan Pablo Campos González, gerente de proyecto en la fundación alemana Konrad-Adenauer-Siftiung México, calificó de inviable la propuesta de elegir jueces y magistrados por voto popular.
Argumentó que esta medida atenta contra la independencia y autonomía de los jueces y supondría un esfuerzo organizativo monumental, dado que se tendrían que elegir 4,698 candidatos a jueces y magistrados federales y 39,978 locales.
Campos González insistió en la necesidad de un proceso de preselección para garantizar la idoneidad, los conocimientos teóricos y la experiencia necesaria para estos cargos. Propuso entrevistas públicas y la creación de un comité técnico de evaluación de los perfiles, así como la realización de exámenes.
Advertencia sobre la Concentración de Poder.
Javier Coello, abogado y exsubprocurador General de la República, advirtió que la reforma judicial promovida por López Obrador tiene como objetivo otorgar al oficialismo el control absoluto de los tres poderes del Estado. “Quieren tener los tres poderes; en conclusión, un poder de Estado absoluto. Tienen el Ejecutivo, el Legislativo y ahora buscan controlar el Judicial”, afirmó.
Coello consideró que esta reforma representa una «auténtica venganza del Ejecutivo contra el Poder Judicial».
