Con estas reformas se modifica la vigencia a cinco años de los Programas Internos para Unidades Habitacionales; así como tres años a inmuebles del sector público en materia de Protección Civil
El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local, para establecer medidas en favor de la simplificación administrativa y digitalización de procesos referente a la tramitación de programas internos de protección civil, conforme a la iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.
Al presentar el dictamen, el diputado del PAN, Héctor Barrera Marmolejo, destacó la simplificación de procesos, entre ellos, el establecimiento del Cuestionario Clasificatorio de Nivel de Riesgo, en que se determinan e identifican los inmuebles de uso habitacional, establecimientos mercantiles, espacios públicos y privados que requieren un Programa Interno de Protección Civil, conforme a su grado de riesgo o vulnerabilidad.
“Este cuestionario operará a través de una plataforma digital, que facilitará la tramitología para la presentación de programas internos; se elimina la duplicidad con las alcaldías y se establece, como facultad de la secretaría, publicar y mantener actualizado el Padrón de Responsables Oficiales de Protección Civil”, destacó.
Asimismo, señaló que con estas reformas se modifica la vigencia a cinco años de los Programas Internos para Unidades Habitacionales; así como tres años a inmuebles del sector público; mientras que establecimientos mercantiles de mediano y alto riesgo se sujetarán al resultado del cuestionario señalado.
Dichos programas serán vigentes dos años para escuelas públicas y privadas, hospitales y establecimientos industriales; mientras que para los centros comerciales se mantiene la obligatoriedad de contar con por lo menos un especialista en atención médica prehospitalaria, algo que no traía la iniciativa y se logró en las comisiones dictaminadoras, detalló el congresista.
Agregó que en los programas internos se integran acciones específicas para los grupos de atención prioritaria, además de criterios de inclusión y capacitación.
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En cuanto a los programas especiales, se propone que, para los aforos mayores a 500 personas, deben ser capturados en la plataforma digital con 10 días de anticipación y sólo registrados por las alcaldías; mientras que los eventos masivos realizados por el gobierno local se registrarán con 15 días de anticipación y este mismo hará el registro.
Finalmente recalcó que, en casos de construcción de obras o demolición, se logró consensar con la Agencia Digital de Innovación Púbica para continuar con la presentación de programas internos a través del estudio de análisis de riesgo; además de homologar la obligatoriedad de la póliza de seguro de responsabilidad civil con daños a terceros, para salvaguardar el patrimonio de vecinos colindantes con obras.
Al razonar su voto, la diputada Gabriela Salido Magos (PAN) sostuvo que el paquete de reformas enviado por la Jefa de Gobierno, que en un principio buscaba la reactivación económica, crea más conflictos que beneficios.
