El Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social capitalina, en cual tiene la finalidad de disminuir significativamente la desigualdad social e impulsar políticas orientadas al logro de la igualdad de derechos, oportunidades, medios y resultados, .
Al presentar el dictamen, el legislador de Morena, Alberto Martínez Urincho, sostuvo que con esta normativa se construye un auténtico estado de bienestar, que incorpora los aprendizajes de la construcción de una política social con enfoque de derechos, que se ha ido ampliando y mejorando para que los derechos sociales sean el motor para lograr condiciones justas, favorables y dignas para el desarrollo de las personas.
La norma mandata que al inicio de cada administración se formule un Programa Especial de Derecho al Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, que debe orientar el conjunto de políticas y programas sociales desde una lógica integral y multisectorial, con la inclusión de las dimensiones de alimentación, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, cuidados, cultura, deporte, trabajo, movilidad, superación de la pobreza, disminución de las desigualdades y atención e igualación social de los grupos de atención prioritaria.
Sin embargo, no todos los legisladores estuvieron de acuerdo con esta nueva ley. La perredista Polimnia Romana Sierra Bárcena, señaló que contraviene diversas disposiciones constitucionales al omitir las atribuciones exclusivas de las alcaldías y la coordinación necesaria para la ejecución de las políticas sociales; agregó que esta ley representa una regresión en la descentralización de funciones a cargo del gobierno local y podría provocar la desaparición de programas sociales en las alcaldías.
Durante su intervención, en la sesión del Congreso, la diputada Maricela Zúñiga Cerón, de Morena, argumentó que este dictamen atiende una deuda histórica con los diversos grupos de atención prioritaria de la capital y busca crear un sistema de bienestar que articule las diferentes acciones de gobierno mediante una visión general; aseguró que la ley vincula al gobierno capitalino a trabajar coordinadamente con los gobiernos local y federal, lo que evitará que desaparezcan los programas sociales en las alcaldías, al fortalecerlos mediante esta vinculación.
Por su parte, el legislador del PAN Federico Döring Casar, consideró que el dictamen es una simulación, destacando que presenta una serie de anomalías, entre estas, la falta de consulta a pueblos y barrios. Aclaró que su grupo parlamentario apoya los programas sociales y siempre respaldará la política social que contribuya a paliar la desigualdad, sin hacer nada que ponga en riesgo los apoyos a la ciudadanía.
En contraste, la diputada Martha Soledad Ávila Ventura, de Morena, afirmó que la aprobación de esta ley busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales, económicos y ambientales, con el objetivo de permitir que la ciudadanía acceda a una vida digna, libre de pobreza y con pleno desarrollo personal.
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Durante la sesión, diversos congresistas razonaron su voto, incluyendo a Royfid Torres González y Carlos Joaquín Fernández Tinoco (Asociación Parlamentaria Ciudadana); Fausto Manuel Zamorano Esparza, Tania Nanette Larios Pérez, Jhonatan Colmenares Rentería, Ernesto Alarcón Jiménez, Guadalupe Barrón Hernández y Maxta Iraís González Carrillo (PRI); Federico Chávez Semerena y Ricardo Rubio Torres (PAN); Gerardo Villanueva Albarrán y Valentina Batres Guadarrama (MORENA); y Ana Jocelyn Villagrán Villasana (Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal).
Durante la discusión se reservaron diversos artículos que presentaron los legisladores Sierra Bárcena (PRD), Martínez Urincho (MORENA), Döring Casar (PAN) y Larios Pérez (PRI). En cuanto al paquete de reservas presentadas por el diputado Martínez Urincho y aprobadas por el pleno del legislativo local, cabe destacar que tienen como objetivo precisar la inclusión de las personas de la comunidad LGBTTTI+.
El diputado Döring Casar presentó una reserva al artículo 4, la cual se refería a la exigibilidad de los derechos, permitiendo que estos no estén supeditados a la suficiencia presupuestal, sino a la dimensión o cobertura de un programa, la cual fue aprobada. La diputada Larios Pérez presentó una reserva al artículo 58, que garantiza que los programas sociales sean otorgados a las personas que lo requieran y asegura la participación de las alcaldías en el diseño e implementación de políticas públicas, la cual también fue aprobada.
La aprobación de esta ley en el Congreso capitalino marca un hito en la política social de la Ciudad de México, estableciendo un marco legal que busca garantizar la igualdad y el bienestar para todos sus habitantes.
