Dentro de las reformas aprobadas durante el tercer año legislativo, el Congreso capitalino aprobó un dictamen para garantizar que las personas con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida, integridad corporal, libertad y seguridad sexuales, por violencia familiar o política, entre otros, no puedan ser candidatos a cargos de elección popular, ni empleados en el servicio público.
Lo anterior, refiere a la propuesta de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, y la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México.
El objetivo de esta reforma, propuesta por la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, es que las instituciones sean espacios donde las personas, en particular las mujeres e infancias, se sientan seguras y libres; además de generar acciones que desincentiven el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
El dictamen indica que la falta de pago reiterado e injustificado de las pensiones alimenticias es violencia económica y representa una violación a los derechos de la niñez. Señala que 13.4 millones de mexicanas han padecido esta condición en algún momento de su vida y un alto porcentaje de los juicios en materia de pensiones alimenticias son promovidos en contra de padres que incumplen la obligación de contribuir a la manutención, alimentación y desarrollo de sus hijas e hijos.
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Así mismo, se subraya que, según el Informe de la Dirección de Estadística de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de 2020 a 2021, se alcanzó la cifra de seis mil 102 casos en el número de expedientes ingresados en materia de lo familiar referentes a la carencia de apoyo alimenticio, lo que representa un aumento del 33 por ciento.
