Establecer mayores penas a quien incurra en delitos contra el medio ambiente, se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México, luego de que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobara un dictamen que reforma el Código Penal local.
Se impondrán de dos a 10 años de prisión y de mil a mil 500 Unidades de Medida y Actualización vigente a la persona que de forma ilegal o con dolo derribe, tale, comercie, acopie, almacene, transforme o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles, lo anterior según la propuesta que se establece en el artículo 345 Bis del Código Penal.
Te puede interesar: operativo de seguridad en cdmx por festejos de dia de muertos
Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las conductas descritas se realicen de manera reiterada, con ánimo de lucro, o cuando se hayan desarrollado en área natural protegida, de valor ambiental, verde de suelo urbano, suelo de conservación o barrancas de la Ciudad de México.
“La pena se aumentará en una mitad a las personas servidoras públicas que tengan algún tipo de participación en una o más de las conductas descritas en el presente artículo”, sostiene el texto aprobado.
Asimismo, se determina que cuando estos actos sean cometidos a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le prohibirá realizar negocios u operaciones hasta por cinco años, y una multa hasta por cinco mil Unidades de Medida y Actualización vigente.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, diputado José Octavio Rivero Villaseñor (MORENA), afirmó que con la aprobación del dictamen se envía un mensaje positivo a las y los vecinos de la capital del país que viven en zonas de conservación ecológica.
Por su parte, la legisladora Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) indicó que cuidar de las zonas de reserva ecológica es de vital importancia, sobre todo en áreas como Tlalpan donde existe un grave problema de tala clandestina.
De igual manera, las y los legisladores integrantes de la comisión votaron a favor del dictamen por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 236 del Código Penal local, referente al delito de extorsión.
Tras analizar la propuesta del legislador Rivero Villaseñor, se aprobó que además de las penas ya establecidas, cuando el delito se realice por parte de un servidor público, miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada, se le inhabilitará por el mismo tiempo que la pena de prisión impuesta para desempeñar cualquier cargo público o comisión.
