La apertura de los poderes judiciales es indispensable para garantizar el acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, afirmó el Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez, al suscribir la Declaratoria de Justicia Abierta del Poder Judicial de Baja California 2024-2026.
“La transparencia y el acceso a la información permiten acercar la labor que ustedes realizan día a día a la sociedad en general. Así, a través de la justicia abierta, todas y todos: los colegios, las barras de abogados o los justiciables nos apropiamos precisamente de ideas innovadoras para resolver problemas de impartición y acceso a la justicia”, sostuvo ante juezas, jueces, magistradas y magistrados.
Alcalá Méndez planteó que el criterio de participación ciudadana que caracteriza a la justicia abierta es la implementación de instrumentos, prácticas innovadoras y dinámicas que integran las necesidades y demandas de la sociedad a procesos de diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas.
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“La justicia abierta se distingue por la construcción de espacios de interlocución formales en los que las personas ciudadanas, organizaciones de la sociedad civil, personas académicas o de una comunidad trabajan de la mano para abrir a las instituciones de justicia”, enfatizó.
La Declaratoria de Justicia Abierta del Poder Judicial de Baja California 2024-2026 fue suscrita por el Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California (TSJE), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC) y el INAI, como testigo de honor.
En su mensaje, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura estatal, Alejandro Isaac Fragoso López, destacó que, con la firma de la Declaratoria, se refrenda el compromiso de continuar con el fortalecimiento de las acciones de transparencia en todos los ámbitos posibles y donde la única limitante sea la que señale la ley.
“Soy un convencido de que el ciudadano tiene derecho a saber cómo funciona la administración de justicia; los tiempos han cambiado y hemos entendido que, como juzgadores de primera y de segunda instancia, en todas las materias, tenemos la obligación de ser abiertos a la ciudadanía”, apuntó.
