El titular de la Jefatura de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, ha lanzado serias acusaciones contra lo que él denomina el «cártel inmobiliario», responsabilizándolo de la construcción de obras irregulares con pisos adicionales en la Alcaldía Benito Juárez. Sin embargo, el alcance de esta red supuestamente corrupta parece extenderse más allá del ámbito de la construcción ilegal, ya que ahora, según Batres, busca establecer lo que él ha llamado el «cártel del agua», con el objetivo de privatizar este recurso vital.
En conferencia de prensa, Batres explicó que las construcciones ilegales en la Alcaldía Benito Juárez están teniendo un impacto devastador en el suministro de agua para los residentes de la zona, al estimar que estas edificaciones ilegales están desviando aproximadamente 500 mil litros de agua al mes.
«El vínculo entre el ‘cártel inmobiliario’ y el tema del agua tiene varios nexos. Por ejemplo, en el caso del impacto que ha tenido el cártel inmobiliario, le ha quitado ya no digamos a los habitantes de la ciudad, a los propios habitantes de Benito Juárez, el cártel inmobiliario les está quitando medio millón de litros de agua al mes, porque es el impacto de todas las construcciones ilegales que han hecho a lo largo de todos estos años. ¿Y qué quisieran? Bueno, pues convertir el agua en un gran negocio, por eso todo su discurso», señaló Batres.
Según Batres, esta preocupación por la privatización del agua surgió durante una investigación sobre la calidad del agua en el norponiente de Benito Juárez, donde se descubrieron tres casos adicionales de edificaciones con pisos de más que ya fueron denunciados penalmente.
«Nos interesaba que se visitaran las obras, porque si una obra que autorizó la Alcaldía Benito Juárez en División del Norte perforó un túnel del Metro, pues era factible que hubiera podido perforar alguna instalación hidráulica, entonces visitaron todas las obras, había una gran cantidad de obras de las cuales no se tenía conocimiento de parte del gobierno de la ciudad, obras que requerían autorizaciones por razones de patrimonio cultural que no las tenían y obras donde se están construyendo niveles adicionales, entonces resulta curioso que en la búsqueda de otro problema aparezca asomado el ‘cártel inmobiliario’ con sus ilegalidades», mencionó Batres.
Con relación a estas acusaciones, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Inti Muñoz Santini, detalló que las obras denunciadas por tener pisos de más son Miguel Ángel número 73, en la Colonia Nonoalco, además de Cádiz 22 y 24, ambas ubicadas en la colonia Insurgentes Mixcoac.
«En el recorrido y en este trabajo de investigación que, según la Ley Orgánica de las Alcaldías y la Constitución, debe llevar a cabo día con día la propia Alcaldía Benito Juárez, trabajo que por lo visto no lleva a cabo, lo que encontramos fue que tres obras en proceso de construcción registran un excedente en los niveles permitidos por los programas de Desarrollo Urbano aplicables», añadió Muñoz Santini.
Estos casos, dijo, son parte de un conjunto de 108 obras identificadas en el recorrido realizado en las colonias con reportes sobre la calidad del agua, de las cuales 77 están en proceso.
«De todas estas obras, insisto, 77 debieron contar con Registro de Manifestación de Construcción por parte de la alcaldía, es decir, fueron autorizadas por la alcaldía; y solamente una, en proceso de obra, cuenta con un Dictamen de Impacto Urbano emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano, (…) lo que se observa es una actividad inusitada, anormal, un exceso, una actividad constructiva febril solamente en las colonias ubicadas en la poligonal: 78 obras, 77 autorizadas exclusivamente por la alcaldía», mencionó Muñoz Santini.
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En tanto, el coordinador general de Investigación Territorial en ejercicio de la suplencia de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Ulises Lara López, informó que el 18 de abril fueron ratificadas las denuncias presentadas por SEDUVI y ya iniciaron las diligencias.
«La representación social solicitó la inmediata intervención de personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, expertos en las materias de arquitectura e ingeniería civil, así como de fotografía, para la búsqueda y levantamiento de indicios, luego de que fueron localizados inmuebles que exceden el número de niveles permitidos por la zonificación otorgada al mismo. El Ministerio Público solicitó también la intervención de la Policía de Investigación, a efecto de inspeccionar la zona con fotografías y croquis, así como para ubicar a testigos de los hechos», destacó López.
Recordó que la FGJCDMX comprobó la existencia de una red de corrupción en materia de bienes raíces en la Alcaldía de Benito Juárez, conocida como “cártel inmobiliario” que, al tolerar la construcción de pisos excedentes, derivó en ganancias millonarias para desarrolladores
