Este 11 de marzo la fiscalía peruana solicitó condenar 30 años y 10 meses a la candidata a la presidencia Keiko Fujimori, junto con la disolución de su partido por crimen organizado y lavado de dinero.
El fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez, presentó a las 9:30, ante la Justicia, su informe de investigación a Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, y líder del partido opositor Fuerza Popular (FP).
Las acusaciones que se le confieren resultan de la presunta recepción de 1.2 millones de dolares de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral del 2011. El caso se extiende a su marido Mark Vito, 41 colaboradores cercanos, y al partido mismo.
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Según ha informado la Fiscalía, el partido instituyó un sistema fraudulento de contabilidad para ocultar el origen de los aportes bajo el nombre de una contabilidad ficticia.
La fiscalía así mismo solicitó al juez Victor Zúñiga, prohibir a Fujimori salir del país por 36 meses, plazo que duraría el juicio.
Este anuncio llegó en plena campaña electoral que se realizará el próximo 11 de abril. Al respecto, la acusada dijo vía redes sociales que «por más que un fiscal quiera ahora meterse en la rectar final de la primera vuelta, yo seguiré enfrentando esta persecución y avanzando con energía para que juntos podamos superar esta emergencia sanitaria y económica».
La defensora de Fujimori también se ha visto involucrada en el caso, pues ha sido acusada de ser el «brazo legal» de la organización, por lo que el fiscal también ha solicitado para ella seis años y medio de prisión.
La investigación se formalizó en agosto de 2018, y una vez obtenido indicios en contra de la precandidata el fiscal solicitó el primer ingreso de Fujimori por 36 meses en prisión provisional, el cual posteriormente fue reducido a 18 meses. La segunda vez que ingreso fue por cinco meses en 2020, y salio por causa de la emergencia sanitaria.
DH.
