El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, junto con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Secretaría de Salud, fueron notificados sobre un ordenamiento judicial que les exige entregar información sobre la contaminación del agua en el norponiente de la alcaldía Benito Juárez, según informó Franco Lammoglia, representante del Colectivo “Guardianes del Agua”.
Este colectivo busca determinar el tipo de sustancia que ha contaminado el agua del Pozo Alfonso XIII, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.
«Tenemos conocimiento de que se notificó al jefe de Gobierno, al Sistema de Aguas y a la Secretaría de Salud local el pasado martes 25 de junio, y deberían cumplir con la entrega de la información hoy jueves», indicó Lammoglia, quien también es vecino de la alcaldía Benito Juárez.
La resolución fue emitida por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González, quien ordenó que la información sobre el agua contaminada se entregara en un plazo de 24 horas. Lammoglia señaló que el cumplimiento de este plazo depende del momento exacto en que se ejecutó la notificación y del método utilizado, ya sea por oficio o correo electrónico.
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«Si las autoridades fueron notificadas el 25 de junio, todavía están dentro del término. Es probable que mañana viernes o pasado sepamos si han intentado cumplir con la orden», añadió Lammoglia en una entrevista para Imagen.
El representante del colectivo destacó la obligación de las autoridades de entregar la información, ya que se trata de una decisión firme tomada por un Tribunal Colegiado.
En caso de incumplimiento, existen medidas coercitivas como el arresto o la multa, que podrían aplicarse al jefe de Gobierno, Martí Batres, al director general de Sacmex, Rafael Carmona, y a la secretaria de Salud, Oliva López Arellano.
Se intentó obtener una respuesta de las autoridades del Gobierno central y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para confirmar si ya habían sido notificadas de la resolución, pero no se obtuvo respuesta.
«Lo que queremos es que el Gobierno nos dé la cara y nos informe porque es nuestro derecho humano», concluyó Franco Lammoglia.
