El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) iniciará el próximo lunes la primera etapa de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF). Este anuncio fue realizado durante una reunión de trabajo encabezada por el presidente del órgano judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez, junto con juezas y jueces de las materias civil y familiar.
En dicha reunión, Guerra Álvarez informó que el Congreso de la Ciudad de México emitirá la declaratoria oficial de implementación del CNPCyF en su sesión del próximo 3 de julio. Este acto marcará el inicio formal del nuevo modelo de justicia civil y familiar en la capital del país, basado en el principio de la oralidad.
Durante el encuentro, celebrado en el Salón Constitucional, el oficial mayor Sergio Fontes Granados delineó la ruta de transición del modelo actual hacia el nuevo paradigma en tres etapas, comenzando con la publicación de tres acuerdos del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Estos acuerdos contemplan la extinción de 24 juzgados de proceso escrito de la materia civil y 11 de proceso escrito en materia familiar.
Fontes Granados prevé que en un año y medio el CNPCyF esté plenamente implementado en el PJCDMX, operando con 14 unidades de gestión en materia civil y siete en materia familiar, cada una con seis impartidores de justicia adscritos.
Además, Guerra Álvarez destacó que, en la misma sesión del Congreso del 3 de julio, se inscribirá en letras de oro el nombre del PJCDMX en el recinto cameral, reconociendo a la institución como un equilibrio entre poderes que aporta paz social a la capital. También se prevé aprobar el aumento de la edad de retiro para jueces y magistrados, de 70 a 75 años.
El magistrado pidió a los consejeros y consejeras de la Judicatura, magistradas y magistrados, y titulares de áreas administrativas que participan en la implementación del CNPCyF, informar sobre los trabajos previos realizados antes del inicio de esta primera fase.
El consejero de la Judicatura, Andrés Linares Carranza, informó sobre los trabajos de capacitación realizados tanto al interior como al exterior de la institución. Se estima capacitar a más de 4,000 operadores judiciales y se han iniciado dos diplomados dirigidos a abogados postulantes.
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El magistrado Yaopol Pérez Amaya destacó la labor de la Comisión de Implementación del CNPCyF para proponer al Congreso local la armonización legislativa de 29 ordenamientos necesarios antes de la operatividad del nuevo modelo de justicia.
Por su parte, el magistrado Marco Antonio Velasco Arredondo habló sobre la digitalización total de la central de notificaciones y ejecución, utilizando tecnologías como la geolocalización y las imágenes fotográficas, y sobre la estandarización del trabajo de los impartidores de justicia mediante guías de conducción de audiencias.
La magistrada Martha Lucía Elizondo Téllez instó a juezas, jueces, magistradas y magistrados a aceptar con humildad el apoyo de sus pares de la materia penal en la transición al nuevo modelo. Mientras tanto, la magistrada Érika Marlén Zepeda García destacó las reuniones de trabajo con instancias que colaboran en el trabajo jurisdiccional en las materias civil y familiar.
Finalmente, las consejeras de la Judicatura, Esperanza Hernández Valero e Irma Guadalupe García Mendoza, subrayaron el compromiso del magistrado Guerra Álvarez para proporcionar a los impartidores de justicia todas las herramientas tecnológicas necesarias durante esta transición.
