En el marco del XXXIV Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE), Carla Humphrey Jordan, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), destacó que a pesar de los avances en la igualdad de género en México, las mujeres siguen enfrentando obstáculos significativos para postularse a cargos de elección popular.
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En su conferencia magistral titulada «Violencia política: legitimidad y representación de las mujeres,» Humphrey explicó que estas barreras son de dos tipos. En primer lugar, existen «barreras institucionales» creadas por leyes y reglamentos que limitan el acceso de las mujeres a cargos políticos. En segundo lugar, las mujeres enfrentan la «Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).»
La VPMRG se refiere a acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que tienen como objetivo o resultado menoscabar o anular los derechos políticos de las mujeres. La Consejera enfatizó que combatir este tipo de violencia es responsabilidad de todas las autoridades en México, no solo de las autoridades electorales.
Humphrey señaló que existen cuatro vías para abordar la VPMRG: responsabilidad administrativa, penal, jurisdiccional electoral y administrativa-jurisdiccional, siendo esta última una responsabilidad del INE al resolver procedimientos a través de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La Consejera subrayó que los partidos políticos tienen la obligación de contener y combatir la VPMRG, que es una de las principales áreas donde las mujeres sufren violencia en el ejercicio de sus derechos políticos.
En relación con la creciente violencia digital contra las mujeres, Humphrey destacó la importancia de alianzas estratégicas y la necesidad de herramientas para eliminar contenido violento y discursos de odio en las plataformas digitales, así como la educación ciudadana y digital.
Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de una defensoría de las mujeres en materia de VPMRG en el INE y recordó que la autoridad electoral tiene la capacidad de cancelar y negar registros a candidaturas por este tipo de violencia, de acuerdo con la reforma constitucional de la «3 de 3 contra la Violencia.» Instó a los partidos políticos a asumir la responsabilidad en la selección de candidatos y candidatas.
