Con profundas cicatrices por la muerte de 27 compañeros y seis desaparecidos en 15 años, los periodistas del oriental estado mexicano de Veracruz enfrentan hoy nuevas amenazas a su persona y al derecho a informar, tal y como refleja el asesinato y decapitación de Julio Valdivia.
El 80 % de más de 200 periodistas encuestados por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, tienen jornadas de más de 8 horas diarias, pocos descansos en fines de semana, sólo a un 8 % les pagan horas extras, un 24 % disfruta de vacaciones y un 73 % reportó salarios mensuales promedio de unos 7.500 pesos.
En las grandes ciudades, un periodista se emplea hasta en cuatro empresas periodísticas. En zonas rurales, combinan esta actividad con otros oficios, desde taqueros hasta vendedores de tamales.
Desde la capital veracruzana, la periodista Eirinet Gómez López recuerda que el estado tiene dimensiones de países de Centroamérica y su geografía conlleva una complejidad y problemática particular, con una gran cantidad de intereses gremiales, políticos y sociales.
El 47 % de periodistas reveló contar con estudios de licenciatura y solo 9 % de posgrado.
«Ahora es más difícil cuando cualquiera puede ser periodista o fotoperiodista, cualquiera agarra una cámara y toma fotos y a los jefes les sale barato eso. El profesional se va haciendo a un lado», declaró la fotoperiodista, Patricia Morales.
Desde el 2010 a la fecha, la cuota de sangre que debió pagar el periodismo es de 27 comunicadores asesinados (24 en Veracruz y 3 en otros estados) y seis desaparecidos, el vigésimo cuarto fue Julio Valdivia, muerto hace una semana.
«Ha habido una normalización a nivel social, entre colegas y la clase política, y eso es muy malo para los derechos de los colegas porque se tienden a minimizar los riesgos», lamenta el activista Israel Hernández.
Las llamadas «zonas silenciadas» se imponen en municipios y amplías regiones.
«Quizá los asesinatos de colegas no existen de manera masificada o tan terrible como ocurría hace algunos años, pero ahora hay zonas silenciadas, que no se reportean como se debe, los periodistas no están ejerciendo su derecho a informar», acusa el periodista Gerardo Luna Martínez, quien en 2017 recibió un impacto de bala en la cobertura de una pugna sindical en el puerto de Veracruz.
En el sur, se enfrentan a problemas de estados colindantes como Oaxaca, Chiapas y Tabasco, regiones con altos niveles de pobreza y una fatídica industria del secuestro y de mafias de tráfico de migrantes.
«De 5 años a la fecha nos tenemos que cuidar más y tomar medidas de seguridad», afirma Armando Serrano, con diez años de experiencia y quien trabaja en el diario Presencia.
El problema son los grupos políticos locales, dice el periodista Édgar Escamilla
Uno de los casos más tristemente icónicos fue el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, en un quintuple homicidio en la Ciudad de México en 2015. Ambos habían huido de Veracruz alegando amenazas y hostigamiento del gobernador estatal de entonces, hoy preso por corrupción, Javier Duarte.
Escamilla también denunció la creciente precariedad en el gremio periodístico. «Hay empresas que pagan 50 pesos por nota publicada o 2 mil pesos a la quincena con entrega de 4, 5, 6, 7, 8 notas diarias. Sin equipo para trabajar, sin vehículos, no hay prestaciones, es una constante”.
Para Eirinet López, la precariedad laboral y la violencia extrema son un «binomio mortal» para periodistas con poca capacidad para exigir sus derechos.
Un reciente informe de la ONG Artículo 19 documentó 406 agresiones contra periodistas y medios, de enero a junio. Esto representa un incremento del 45 % en comparación con las 280 agresiones documentadas durante el mismo periodo en 2019. /Cortesía Agencia EFE
