INAI llegó a entidades como Oaxaca, Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Tabasco y Chiapas
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en alianza con organizaciones de la sociedad civil, llevó a cabo en 2022 la novena edición del Programa de Sensibilización de Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Prosede) 2022, una iniciativa para atender a población en situación de vulnerabilidad.
En esta edición 2022 se postularon 114 proyectos y se financiaron los 12 mejores, con un total de más de un millón 700 mil pesos, cubriendo entidades como Oaxaca, Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Tabasco y Chiapas. Este año, se atendieron a personas con discapacidad, adolescentes y mujeres indígenas, jóvenes migrantes, comunidades rurales, mujeres privadas de su libertad, niñas y niños.
Uno de los más destacados fue el del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), que realizó el proyecto “El acceso a la información pública para contribuir al ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas pueblos y comunidades indígenas”, el cual se centró en actualizar el informe 2010 sobre el estado de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas en Oaxaca, tras el cual se produjeron 45 spots radiofónicos, en 15 variantes de lenguas habladas en esa entidad, como el cuicateco y el huave.
En tanto, la organización Tierra Verde Naturaleza y Cultura con “Atención multisector sobre el derecho de acceso a la información pública enfocado al desarrollo sustentable en Montecristo de Guerrero, Chiapas”, zona de alta marginación, que a la par es un área natural protegida, donde por medio del DAI se logró que sus habitantes pudieran exigir a las autoridades el otorgamiento de servicios públicos elementales.
En el caso de la utilidad de los derechos en beneficio de las mujeres y las personas con discapacidad, se ejecutaron los proyectos como el de la organización Educando para la Vida y la Acción Social, que ejecutó “El derecho a la reinserción social resiliente vinculado al derecho de acceso a la información y protección de datos personales de las mujeres privadas de la libertad en el Centro de Readaptación Social ‘David Franco’ del Estado de Michoacán”, cuyo objetivo fue empoderar a las mujeres privadas de la libertad que por medio del derecho de acceso a la información incrementaron sus posibilidades de reinserción social y de acceder a otros derechos fundamentales.
La organización Supera Capacitación y Desarrollo, ejecutó el proyecto “ISIS” para que personas oaxaqueñas con discapacidad auditiva aprendieran a ejercer sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales y que a su vez crearon murales para difundir en Oaxaca ambos derechos.
También otros proyectos de Prosede 2022 atendieron a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y migrantes, como el de la organización Despierta, Cuestiona y Actúa que ejecutó, en una zona marginada de Nuevo León, el proyecto “Ciudadanit@s ‘Jugando por mis derechos’”, que consistió en enseñarles por medio de juegos a las y los menores de edad de seis a 12 años, así como a sus padres, cómo pueden usar el acceso a la información para ejercer otros derechos como el de acceso a una vida sin violencia, a la salud, a la educación, al esparcimiento y a la participación.
El Centro de Gestión y Capacitación para el Desarrollo Social (GEMA) realizó, en el Estado de México, el proyecto “Rap y reggaetón por el Derecho al Acceso a la Información de las jóvenes migrantes tecamaquenses”, en donde por medio de conciertos musicales en escuelas y videoclips musicales enseñaron a las adolescentes y jóvenes cómo el acceso a la información es un mecanismo para combatir la violencia contra las mujeres, conociendo cómo denunciarla y qué mecanismos de protección pueden emplear.
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NILY
