Las reacciones sobre las fotografías íntimas en posesión de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores no han paran, esto debido a que el Grupo Parlamentario del PRD emitió un posicionamiento al respecto.
En el documento, el PRD señaló la necesidad de hablar de sororidad y de no violentarse entre mujeres.
Sin embargo, indicaron que el hecho de que Sansores posea las fotografías íntimas de las legisladoras del PRI, implica un ataque frontal a la sororidad a la cual hacen alusión y una conducta que actualmente está tipificada en muchos códigos penales en nuestro país como “violencia digital”, “violencia mediática”, “violencia a la intimidad sexual”, “violencia política en razón de género” y “apología del delito”.
El grupo parlamentario del PRD refiere que Sansores incurre en las agravantes que establecen que: “cuando sea cometido por un funcionario o servidor público en el ejercicio de sus funciones; cuando obtenga un beneficio lucrativo o no lucrativo de éste, y cuando el sujeto activo haya obtenido para estos efectos, el material mediante robo o acceso no autorizado, o intervención de comunicaciones, archivos privados”.
Debido a lo anterior, la sanción es: “Si la persona fuera servidora o servidor público se procederá a la destitución de su empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de cinco a diez años para desempeño en el mismo orden”.
“Al contar con estas fotografías la Gobernadora también pone en riesgo a las diputadas y las coloca en el reflector social y político dando pie a que muchas de ellas sean juzgadas y exhibidas, lo que les ocasiona también un grave daño al honor y un atentando a su derecho al resguardo de su intimidad”.
Grupo Parlamentario del PRD
En ese sentido, el posicionamiento señala que las acciones de Layda Sansores significan misógina y violenta a las mujeres diputadas del PRI, por lo que es clara la falta de perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres.
“No solo es un abuso de poder de Layda Sansores, es también una conducta que puede considerarse un acto de violación a la ley, al obtener de manera ilegal dicha información, es también una violación a los derechos humanos de las diputadas, entre ellos el derecho a la intimidad sexual y al derecho a vivir una vida libre de violencia”.
Grupo Parlamentario del PRD
Pero sobre todo, representa una conducta clara de “violencia política” por lo que la Gobernadora debe de asumir dicha responsabilidad y ser denunciada por esta conducta, que podría colocarla en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, a cargo del Instituto Nacional Electoral, en el cual se encuentra cualquier persona que es sancionada por ejercer violencia política conducta que se agrava cuando dicha violencia la cometan personas servidoras públicas, como lo señala el acuerdo INE/CG269/2020.
Esta sistemática violación de los derechos humanos de las diputadas priistas es el claro ejemplo de lo que pasa en un Estado donde las mujeres y sus derechos están invisibilizadas, y pareciera que se puede cometer contra ellas cualquier atropello o violación a su dignidad y derechos sin que se sancione a la o el agresor, y se ponga un ejemplo claro de que esta realidad no se debe seguir permitiendo.
Por otra parte, las diputadas del PRD señalaron que existe una omisión por parte de la Comisión de Igualdad del Congreso, así como de las instancias federales encargadas de salvaguardar los derechos humanos de las mujeres en México, como la CONAVIM y el INMUJERES, por lo que la justicia es imparcial y la garantía de sus derechos depende de la ideología partidista.
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En el mismo orden de ideas, las diputadas del PRD recordaron a Layda Sansores el camino que tuvo que recorrer para llegar al puesto que actualmente ostenta, ya que implicó el esfuerzo colectivo de mujeres que hicieron posible su participación y de muchas otras en condición de igualdad.
AM
