La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declarará invalidó el proceso de Revocación de Mandato, pues se argumentó que no se cumplió con la participación del 40 por ciento y mantiene en duda si dejará sustento de la falta de integridad en el proceso, así como las omisiones legislativas, la falta de voluntad de servidores públicos hacia el respeto ante la ley así como las trabas presupuestales que imposibilitaron la labor del Instituto Nacional Electoral (INE).
Es importante mencionar que el Tribunal Electoral llegó a la conclusión que no se contó con los requisitos constitucionales y legales, los cuales condicionan la validez de ese ejercicio a que participen el 40 por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores y que los resultados sean mayoría absoluta.
Ante esto, el TEPJF prepara una sesión, donde participaran todas las magistraturas de la Sala Superior. Además el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, el secretario de gobernación, Adán Augusto López en representación del Presidente de la República, así como los presidentes de la Cámara de Diputados y el consejero del INE.
Es así que existen dos propuestas de dictámenes de resolución que contrastan en exhibir las malas practicas que afectaron la normativa e instituciones electorales o el voto de la ciudadanía en general, mismo que se llegó a un debate entre las magistraturas.
De este modo se señaló en la propuesta, la existencia de omisión legislativa por la tardanza para emitir las reglas del proceso de revocación de mandato, acción que vulneró la integridad del proceso, disminuyó la certeza que la ciudadanía y los actores políticos podían tener en las normas. Con el decreto de interpretación aprobada por mayoría,.
“El órgano legislativo excedió el marco constitucional, pues no podía realizar este tipo de cambios de forma unilateral y sin respetar los procesos constitucionalmente previstos y la temporalidad legal”.
Este dictamen puntualiza la visibilidad que perjudicó la capacidad institucional del INE a partir de problemas presupuestarios que impactaron en la reducción de casillas, en la disponibilidad de personal e insumos. Por otra parte, respecto a las constantes violaciones públicos, el INE manifestó 18 medidas cautelares en contra de servidores públicos como el mandatario López Obrador, titulares de los gobiernos estatales y de la Ciudad de México, senadurías y diputaciones federal y locales, así como personas titulares de alcaldías, dependencias y entidades del gobierno de la República, así como personas servidoras públicas del ámbito federal y local, de las cuales, el Tribunal Electoral confirmó 14.
Por ello, la Sala Superior destacó la falta de voluntad para aceptar y cumplir las leyes afecta la legitimidad del gobierno evaluado con el ejercicio de revocación, además de la confianza de la ciudadanía en las instituciones y emite varias propuestas para legislar este tipo de anomalías durante el proceso.
Mientras tanto, este 27 de abril la Sala Superior aprobará los dos proyectos del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, los cuales se hicieron públicos el pasado jueves, en los que declara improcedentes las cuatro impugnaciones de Movimiento Ciudadano, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de Trabajo (PT) y Morena. Por ello, solicitó el recuento de votos en el caso de Morena, así como la intervención indebida de personas servidoras públicas que pretendieron influir en la ciudadanía.
De esta manera, el conteo confirmó la participación de 16 millones 502 mil 636 personas, el 17.77 por ciento del total de las inscritas en la Lista Nominal de Electores, aunque los proyectos siguen en revisión, por lo que se prevén modificaciones previo a la votación en la sesión de la Sala Superior.
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